La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer su Código de Conducta, que contiene los valores específicos que deberán observar todos los servidores públicos que laboran en esa dependencia federal.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación especifica que todas las decisiones y acciones deben estar dirigidas a satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad.
El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la ciudadanía.
El compromiso con el bien común implica que el trabajador debe estar consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.
Deben evitarse actos de corrupción e interpretaciones discrecionales contrarias a derecho, que impacten negativamente a las población usuaria de los servicios prestados y que propician opacidad en el desempeño de esta dependencia.
El Código de Conducta de la Sedena señala que se debe ofrecer a las personas un trato justo, cordial y equitativo, con objeto de inspirarles confianza, credibilidad y respeto, dejar de manifiesto que el servir es un compromiso permanente que el Estado le ha conferido a los que tienen el privilegio de integrar la Administración Pública Federal.
Los servidores públicos deben apegarse a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; deben conocer el sistema jurídico mexicano vinculado con los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y asegurar su buen desempeño.
Entre otros valores, también se menciona que tienen que conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por origen étnico o nacional, género, edad y discapacidades.
Por condición social, de salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.