Luego de que la Procuraduría General de Justicia en el Estado procedió a despedir a diez integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado adscritos en áreas administrativas distintas de los operativos de seguridad, la organización laboral recurrió a la realización de un plantón frente al Palacio de Gobierno, en demanda de su reinstalación inmediata.
La Secretaria General del SITTGE, Francisca Resén-diz Lara explicó que en la Procuraduría se argumenta que la totalidad del personal, aún cuando no participe en operativos de seguridad, debe sujetarse a los llamados exámenes de control y confianza.
Para la lideresa del SITTGE se trata de un exceso, cuando el personal objeto de despido posee antigüedad y derechos, además de que no participan, por sus condiciones como secretarias, empleados administrativos y de intendencia, en los operativos policíacos.
Aseguró que el Procurador Miguel Ángel García Covarrubias se ha caracterizado por la aplicación de criterios arbitrarios y sin fundamento legal, sintiendo que su cargo le da derecho a pisotear a los trabajadores y sus conquistas laborales.
Manifestó que la antigüedad de los compañeros que pretende despedir el procurador García Covarrubias da cuenta de su dedicación, sus expedientes están limpios y son, en consecuencia, trabajadores de confianza y así lo han demostrado a lo largo de muchos años de trabajo.
En ocasiones el Procurador no parece meditar las consecuencias de sus actos arbitrarios, como cuando ha pretendido reincorporar al servicio activo a personal con nombramiento de policía pero que han sufrido en el servicio lesiones discapacitantes, debidamente certificadas por los médicos y que han sido reasignados a desempeñarse en áreas administrativas.
No han sido pocos los casos en os que García Covarrubias pretende enviar a los operativos a secretarias, mecánicas, electricistas, trabajadores de intendencia sin experiencia y sin capacitación para participar en las actividades encomendadas a los agentes policíacos activos, destacó.
Los afiliados al SITTGE recordó: «No manejan arma, no están capacitados para ello; no cuentan con los permisos requeridos por la Secretaría de la defensa Nacional, no están uniformados ni cuentan con la capacidad certificada para realizar investigaciones y, mucho menos para hacer frente a la delincuencia armada”.
La situación se ha vuelto incómoda y peligrosa, ya que la corrupción misma de la Procuraduría y de la Oficialía Mayor, les ha llevado a extender nombramientos y plazas de policía a personal que no está claramente capacitado”.
Finalmente, Francisca Reséndiz denunció que la también trabajadora de la PGJE, María Luisa Hernández, fue despedida con el argumento de que faltó a sus labores, cuando ésta se vio en la triste circunstancia de perder a su hijo, en el trabajo de parto, y justificó su ausencia laboral con los expedientes y certificados médicos debidos.
