Hoy, en sesión solemne, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirán al presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Son seis quienes aspiran al cargo para el periodo 2015-2018, entre ellos una mujer que, de ser elegida, haría historia en el Alto Tribunal.
La contienda por la presidencia de la SCJN se ha dividido en dos grupos: los ministros con carrera judicial, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos; y los que tienen una trayectoria fuera del Poder Judicial de la Federación (PJF), que sonArturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Fernando Franco González Salas.
La votación se hará por cédula. Luego de que todos los ministros emitan su voto, se leerá en voz alta el nombre que aparezca en cada una de ellas, y quien obtenga cuando menos seis votos será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Si ningún ministro obtuviera la mayoría requerida, se celebrará una nueva votación, en la que sólo participarán como candidatos los ministros que hayan obtenido en la primera ronda el mayor número de votos, resultando presidente electo quien alcance seis votos o más a su favor. En caso de que en esta segunda ronda tampoco se alcance la mayoría establecida, se repetirá el mismo procedimiento las veces necesarias, hasta que algún ministro obtenga la votación requerida”, indica el artículo 32 del Reglamento Interior del Alto Tribunal.
Los ministros tendrán que votar por quien consideren como el mejor proyecto presentado para enfrentar los desafíos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los próximos años.
Planes de trabajo
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al presentar su proyecto destacó que “la sociedad está cansada de la crisis social que atravesamos y busca una respuesta. El papel que lleve la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para transmitir a la población que el Poder Judicial no va a permitir la perpetuación de la violencia ni de la impunidad”.
Por ello, uno de los ejes de su plan de labores es implementar la “cero tolerancia” ante actos indebidos de impartidores de justicia e institucionalizar un mecanismo para dar cumplimiento total a las obligaciones y a las sentencias de carácter internacional.
Busca transformar el perfil de quien juzga y de quien participa en la administración de justicia a nivel federal para adecuarlo a las obligaciones y deberes del texto constitucional.
En este rubro, su propuesta es impulsar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de garantía, respeto y protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo del PJF.
Otros pilares de su propuesta son la incorporación constitucional del derecho internacional de los derechos humanos; la existencia de un Código Procesal Penal Único; así como la prevalencia del juicio de amparo como mecanismo protector de garantías, entre otros aspectos.
En el caso de Margarita Luna Ramos, en el documento denominado Por una justicia de valores, transparencia y rendición de cuentas, la ministra hace énfasis en el fortalecimiento del PJF, así como en el proceso de designación de jueces y magistrados.
“En esta época tan azarosa la población exige y espera que las instituciones atiendan, escuchen y resuelvan, en la medida de sus atribuciones, los conflictos y problemas que la aquejan. El juez debe encarnar los más altos valores del ser humano, sin doblez alguno, consciente de la responsabilidad de la alta investidura de ser juzgadores”, señala el documento.
Para la ministra un punto central es contar con un nuevo modelo de capacitación de jueces y magistrados, en ese sentido menciona que su propuesta es incrementar cursos de capacitación para dotarlos de las herramientas e instrumentos necesarios.
El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales se centra principalmente en una especial atención al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). “Ante la innegable existencia de una delincuencia cada vez más organizada y peligrosa para la sociedad, se hace necesario establecer políticas de vigilancia en la actuación de quienes participan en la labor jurisdiccional e incluso en la administrativa, para evitar influencias nocivas a la tarea jurisdiccional, ya sea provenientes de amenazas o recompensas ilegales que deformen el actuar de la Judicatura haciendo perder a los juzgadores el valor más alto de su esencia, como es el de la independencia”, indica su propuesta.
En su Plan de desarrollo institucional, define sus objetivos generales que son la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales, garantizar jurídica e instrumentalmente el acceso a la justicia federal, apoyo institucional y respeto a los jueces y magistrados en sus tareas, impulsar el desarrollo de la carrera judicial y vigilancia estricta y permanente a los juzgadores.
Para el ministro Jorge Pardo Rebolledo es indispensable fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, ya que “los tiempos actuales conllevan una serie de disyuntivas donde la certeza que genera la presencia e intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para la estabilidad social”. Señala también que el Poder Judicial debe buscar, hoy más que nunca, el fortalecimiento y la preservación del orden constitucional, ya que en el país existe un malestar general que no se debe minimizar.
En su proyecto, el ministro José Fernando Franco González Salas destaca que lo primordial es seguir consolidando a la Suprema Corte como el máximo garante de la Constitución y de los derechos humanos, garantizar la autonomía e independencia de los juzgadores y combatir de manera frontal la corrupción.
“El Poder Judicial Federal debe ser ejemplo de trasparencia y cumplimiento de la ley. Para ello me comprometo a combatir frontalmente la corrupción; su papel de garante de la Constitución no debe ponerse en duda por actos de corrupción de algunos de sus integrantes”, enfatiza.
Mientras que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hace referencia a que en la actualidad la confianza de la ciudadanía a las instituciones no se ha podido consolidar, “lo que constituye hoy por hoy el mayor obstáculo al fortalecimiento de nuestra democracia y a la plena realización de las reformas constitucionales emprendidas en los últimos años”.
Expuso la importancia de la nueva constitucionalidad. “ El texto constitucional adquiere su verdadero sentido cuando, a través de la interpretación, se fijan los parámetros bajo los cuales se verificará la regularidad de todas las normas y actos del orden jurídico, pues es entonces cuando la Constitución despliega su fuerza normativa”.