A sistema penal de estados dan 917.8 mdp

La Secretaría de Gobernación  destinará, el próximo año, mil nueve millones 642 mil 931 pesos para que todas las entidades federativas y el Distrito Federal aceleren la implementación del nuevoSistema de Justicia Penal.
La entidad que mayores recursos recibirá es el Estado de México, a la cual se le destinarán 57 millones 367 mil 465.61 pesos, seguido del Distrito Federal con 41 millones 284 mil 514.54 pesos, con lo cual deberán capacitar a funcionarios, desde policías hasta jueces, entre otros, adecuar las leyes e incluso construir —de ser necesario— la infraestructura necesaria.
El proyecto de acuerdo fue avalado ya por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y actualmente se encuentra en espera de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor.
La aplicación de recursos deberá ponerse en marcha el primer día hábil de enero próximo y con vigencia al 31 de diciembre de 2015, para que las entidades federativas elaboren proyectos que deberán estar regidos por distintos ejes en donde se tendrá que privilegiar la reorganización institucional; creación y/o mejora de infraestructura; tecnologías de la información y comunicación, y equipamiento.
Se tendrá que privilegiar también, la capacitación de personal, difusión y seguimiento y evaluación.
Los proyectos, que podrán recibir asistencia técnica de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), deberán ser presentados con su solicitud de recursos a partir del 27 de enero de 2015.
El nuevo Sistema de Justicia Penal debe funcionar en todo el país en junio de 2016. Este mecanismo que se crea con la reforma penal de junio de 2008, estableció un plazo de ocho años para cambiar de un método inquisitorio a uno de tipo acusatorio.
Soluciones alternas. Los procesos deberán pasar de los expedientes a los juicios orales, y favorecerse que sólo cierto tipo de delitos llegarán a juicio; el resto se buscará una solución con mecanismos alternativos como un arreglo de reparación del daño entre la víctima y el acusado.
La transición debe llevarse a nivel federal y local, quedando lista el 18 de junio de 2016, de acuerdo con la ley.
El gobierno federal busca acelerar el proceso de implementación en virtud de que sólo queda año y medio para que venza el plazo constitucional, por lo cual se destinará un subsidio a las entidades para lograr el objetivo.
Los recursos a destinar, están considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, y es la Secretaría de Gobernación la encargada de su distribución y vigilancia del manejo.
Para el ejercicio del recurso, las entidades federativas deberán firmar convenios de coordinación con la Federación, para el desarrollo de los proyectos que deberán ser aprobados por el Comité de Subsidiosrespectivo.
Si bien el subsidio aprobado para la implementación del nuevo sistema es de mil nueve millones 642 mil 931 pesos, se repartirá entre las entidades 917 millones 887 mil 680.02 pesos, que es la misma cantidad distribuida durante este año que hoy concluye.
El remanente, de 91 millones 755 mil 250.98 pesos, dispondrá de éstos la Dirección General de Administración y Finanzas para destinarlos a gastos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Son siete los ejes sobre los que las entidades federativas podrán elaborar sus proyectos a desarrollar: normatividad; gestión y reorganización institucional; capacitación; difusión y transparencia; infraestructura; tecnología de la información y equipamiento, así como seguimiento y evaluación.
Todas las entidades podrán seguir aplicando el recurso de 2014, según sea el caso. Actualmente son sólo dos entidades las que ya aplican el Sistema de Justicia Penal para delitos federales: Puebla yDurango.
Para el año próximo deberán comenzar ya con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales —de reciente aprobación en el Congreso de la Unión— los estados de Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Zacatecas.