La vergüenza de la pederastia clerical, registrada en San Luis Potosí y que surgiera tras permanecer oculta varias décadas, en el caso del ex sacerdote Eduardo Córdova, o la que se evidenciara a raíz de la denuncia de ésta, no puede ni debe quedar en la impunidad, porque así lo demandan la sociedad y la Iglesia, exteriorizó el canciller arquidiocesano Fernando Ovalle González.
Los cuatro casos registrados, indicó, se encuentran sujetos a investigación por parte de las autoridades civiles, encabezadas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado; en el caso de Eduardo Córdova, quien mantiene el estatus de fugado de la justicia, la arquidiócesis –recordó–, interpuso la demanda correspondiente.
Ovalle recordó que en la actualidad dos ministros de culto católico continúan recluidos y sujetos a investigación por esta causa, sin que hasta el momento se haya determinado de manera formal y definitiva su responsabilidad.
Las causas se sostienen por demandas interpuestas en su contra y en las que se les señala como presuntos responsables de la comisión de ilícitos de abuso sexual; el sacerdote indicó que se precisa de una mayor celeridad de las indagatorias judiciales para determinar su condición y, en caso de resultar inocentes, se pueda reinsertarlos a la sociedad.
Insistió en que las autoridades judiciales civiles deben actuar conforme a su responsabilidad, respondiendo al mandato de la ley y cumpliendo con las disposiciones de transparencia, equidad, justicia, imparcialidad y prontitud.
Advirtió que, es frecuente que las indagatorias se “estanquen” por alguna razón que difícilmente los ciudadanos llegamos a conocer.
Reiteró que es la sociedad la que está demandando acciones de justicia, por lo que es fuerza que las investigaciones cobren la agilidad requerida, la transparencia y se ofrezca la certidumbre de la imparcialidad.