Un juez federal no encontró elementos de prueba para girar una orden de aprehensión en contra de César Miguel Peñaloza Santana, alcalde del municipio de Cocula, Guerrero, y le negó el mandato judicial a la Procuraduría General de la República (PGR), que buscó fincarle cargos por delincuencia organizada.
Frente a este revés legal, el Ministerio Público de la Federación podrá consignar de nueva cuenta el expediente contra el presidente municipal, en caso de que encontrara evidencias para ejercitar una vez más la acción penal, pero por el momento el Poder Judicial de la Federación consideró que la autoridad ministerial no acreditó las acusaciones contra el servidor público.
Aunque de forma oficial la PGR no dio a conocer la situación legal del servidor público, autoridades de la dependencia indicaron que existen dos averigiaciones previas en las que se les señala por presuntos nexos con el cártel de Guerreros Unidos que opera en la región, y por la indagatoria de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; pero la acusación no prosperó por falta de evidencias.
Adrián Peñaloza Santana, hermano del alcalde, en entrevista telefónica con un Diario de circulación nacional dijo que fue liberado poco después del mediodía, y retomaría de inmediato sus funciones.
Aseguró que durante esta semana en la que estuvo en la PGR, el alcalde no solicitó amparos “pues él nos dice que no tiene porqué ampararse, ya que no debe nada, ni participó en los lamentables hechos con los normalistas”.
Comentó que tuvo una conversación con su hermano, quien le informó que no existen pruebas de que él haya cometido un delito, por lo que lo dejaron en libertad. “Pues está contento con esta decisión, y dice que está dispuesto a comparecer ante la autoridad las veces que sea necesario”, señaló.
A tres meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, la decisión del juez federal de negar la orden de captura contra el edil de Cocula, se suma al hecho de que la PGR tampoco ha consignado por estos hechos al edil de Iguala,José Luis Abarca Velázquez y a su esposa María de los Ángeles Pineda —sujeta al arrigo—, quienes son considerados los autores intelectuales del crimen colectivo.
Investigación
Como parte de las pesquisas en torno al crimen contra los normalistas, el 19 de diciembre pasado el presidente municipal fue citado en la la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) para comparecer en la indagatoria abierta por la desaparición forzada de los normalistas, y un segundo expediente.
El servidor públicio estuvo más de una semana en diligencias en las que fue interrogado sobre sus actividades en la presidencia municipal, la relación con el ex alcalde Iguala, Abarca y de la relación de los policías municipales a su servicio con el grupo criminal de los Guerreros Unidos, e incluso los posibles nexos de él con los líderes del cártel que opera en la región.
Durante el desarrollo de las diligencias la PGR mantuvo el hermetismo, incluso después de que la esposa del edil reportó su posible desaparición y que temía por su vida.
Fue días después que autoridades de la PGR indicaron de manera extraoficial a lo largo de la semana que Peñaloza Santana sí comparecía en la SEIDO en calidad de testigo; después indicaron que ya había declarado en torno a un expediente, pero tenía una segunda averiguación previa en contra.
En tanto, en la SEIDO se preparaba el pliego de consignación contra el presidente municipal priísta, por delincuencia organizada, revelaron autoridades de la dependencia, aunque no se precisó en qué modalidad, o los hechos específicos que se le atribuyen al servidor público.
Aunque no se precisó la fecha en que el Ministerio Público de la Federación ejerció la acción penal en contra de Peñaloza Santana, un juez federal consideró que las pruebas aportadas por la PGR son insuficientes para comprobar el delito de delincuencia organizada.
El funcionario obtuvo su libertad luego de que el Juez Primero en Procesos Penales enMatamoros, Tamaulipas, consideró que no había elementos para iniciar un jucio en su contra.
Autoridades judiciales expusieron por su parte que el expediente que la PGR presentó para que que el alcalde Peñaloza Santana fuera sujeto a un proceso, tampoco se integró de forma adecuada, por lo que la resolución judicial fue adversa para la PGR; que el fallo está apegado a derecho y que se podrá ejercer la acción penal contra el edil en caso de que existieran evidencias en su contra.
Cabe recordar que en el caso de los normalistas participaron policías municipales de Cocula, que entregaron a los jóvenes a la organización criminal.