Cerca de la medianoche del 10 de febrero de 2006, Luis Fernando Mendoza Castellanos circulaba por el frío tramo que une al penal de La Palma con Toluca, Estado de México. A seis kilómetros de distancia de la prisión de máxima seguridad fue alcanzado por un grupo armado, al cual no le importó la presencia de sus escoltas, lanzó una granada de fragmentación que destruyó la camioneta en que viajaba.
Según la versión oficial, Mendoza Castellanos, director de Custodios de La Palma, resultó ileso porque se lanzó del vehículo antes de la explosión. Sin embargo, un documento de abril de 2007 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal —dependencia desaparecida en este sexenio y su personal puesto bajo el mando de la Secretaría de Gobernación— revela que resultó con “graves lesiones”.
En aquellos días, autoridades federales señalaron que Mendoza Castellanos no presentó denuncia. La Procuraduría General de Justicia mexiquense abrió una investigación y fue hasta cinco días más tarde que entregaron a la Procuraduría General de la República un expediente para que continuara las averiguaciones.
Hasta ahora nada se sabe sobre quién o quiénes atentaron contra Mendoza Castellanos.
En abril de 2007 la SSP federal pidió recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para comprar 15 vehículos blindados a un costo de 22 millones 838 mil 600 pesos, más 18 millones 960 mil 711.50 pesos en el siguiente lustro, para mantenimiento y servicios.
Para argumentar la adquisición, la SSP usó como ejemplo que hubo ataques a funcionarios y que hubo más atentados.
“Como resultado de las acciones violentas que se han suscitado, el personal de este órgano (se refiere al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, responsable de las prisiones federales) ha recibido innumerables amenazas contra su integridad física, así como atentados”, argumentó la SSP federal en abril de 2007 para la compra de vehículos.
“Tal es el caso —agregó— de lo ocurrido el día 10 de febrero del 2006 en el cual un director de área del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, fue víctima de sujetos desconocidos, quienes lanzaron una granada de fragmentación al vehículo en el que se desplazaba provocando la destrucción del mismo y lesiones graves a este servidor público”.
“Existen otros atentados que por su naturaleza e investigación han quedado en estricta confidencialidad”, especificó mediante un documento la SSP federal, en ese año a cargo de Genaro García Luna.
Hasta la fecha se ignora cuántas agresiones físicas enfrentaron estos funcionarios públicos.
Para justificar la adquisición de vehículos y otros instrumentos, la entonces SSP federal presentó inconsistencias, como el hecho de señalar que el directivo estaba al mando en el penal número 4 Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, mientras que La Palma siempre ha sido el número uno por ser el primero en su tipo que hizo el gobierno federal.
El ataque a Mendoza Castellanos ocurrió el 10 de febrero, aunque en el comunicado oficial emitido un día después por la dependencia federal aseguró que el entonces director resultó ileso. En el texto oficial de abril de 2007 la SSP reveló que el servidor público sí resultó con lesiones graves.
La Secretaría de Seguridad Pública explicó en abril de 2007, apenas a cinco meses de iniciado el sexenio de Felipe Calderón, que “en los últimos años las acciones y programas instaurados en materia de seguridad pública han alcanzado resultados positivos, al lograr detenciones importantes, decomisos destacados y avances contra la delincuencia organizada”.
Además, se añade en el oficio de la SSP federal, las acciones realizadas repercutieron “en la disminución de las jugosas ganancias que acumulaban estas organizaciones (criminales) así como en el desmantelamiento parcial o total en algunos casos de las células del crimen organizado, motivo por el cual éstas han evolucionado en su organización, esquemas y acciones, respondiendo violentamente a la operación gubernamental, por lo que se requiere de una respuesta articulada, inteligente y coordinada de las instituciones de seguridad pública, para enfrentar y abatir el fenómeno delictivo”.
Amenazas
Fuentes que integraron el Gabinete de Seguridad con Calderón reconocieron que hubo más atentados a funcionarios ligados a los penales de máxima seguridad. Además, señalaron que los amagos llegaron a integrantes del mismo gabinete, sin que se concretaran. El ex presidente Felipe Calderón emitió un decreto al final de su sexenio para mantener protección a quienes formaron parte del mismo.
Felipe Calderón recibió amenazas del narcotráfico al menos cinco veces en su sexenio, como informó un Diario de circulación nacional en 2013.
Autoridades federales revelaron en enero de 2008 que José Luis Santiago Vasconcelos sobrevivió a dos intentos de atentado por parte de supuestos narcotraficantes. Vasconcelos estuvo a cargo del combate al narco desde la PGR en el sexenio de Vicente Fox, luego con Calderón fue subprocurador.
El 4 de noviembre de 2008, José Luis Santiago Vasconcelos murió al desplomarse el avión en el que acompañaba al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.