La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los apoyos a estados y municipios en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que ascienden a 2 mil 683 millones 230 mil pesos, para ejercer en 2015.
Guerrero es la entidad que más recursos recibirá de este subsidio: 207 millones mil 140.13 pesos que serán distribuidos entre los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de Los Bravo; Zihuatanejo de Azueta, zona conurbada de Iguala; Chilapa de Álvarez y Coyuca de Benítez.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, informó el martes pasado que se van a incorporar al programa los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Coyuca y Chilapa.
Otros municipios que se incorporarán a dicho programa son Tampico y Matamoros, en Tamaulipas; Metepec, en el Estado de México, y Ciudad Acuña en Coahuila.
En el DOF se precisó que los apoyos a los estados para la prevención del delito serán aplicados a 66 municipios, cinco demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, siete zonas metropolitanas y dos zonas conurbadas.
Los recursos serán recibidos, por parte de los estados, en dos partes: la primera de 70% del monto asignado comenzará a entregarse a partir del 15 de febrero de 2015, previa acreditación de las obligaciones establecidas en los lineamientos; la segunda etapa donde se distribuirá el resto, correspondiente a 30%, aplicará a partir de 15 de julio del próximo año.
El decreto publicado establece que el ejercicio de los recursos federales y las políticas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno, deberán alinearse a la seguridad ciudadana, a la perspectiva de derechos humanos, de género y al enfoque de cohesión comunitaria, entre otros.
Además, deberán observarse los principios de respeto irrestricto a las garantías individuales, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, así como transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los apoyos.
El subsidio tiene por objeto apoyar a los estados de la República en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
Del total de recursos federales que serán entregados, 3.5% deberá destinarse a gastos indirectos y de operación del subsidio, que incluye —entre otros— el pago de personas físicas y/o morales que proporcionen servicios de asesorías, consultorías, capacitaciones, visitas, evaluaciones y supervisiones externas.
Lo mismo encuestas, estudios e investigaciones, y apoyo a voluntarios que participan en programas federales, en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables.
Las entidades federativas que son beneficiadas deberán asegurar que los recursos del subsidio no se dupliquen con otros programas o acciones locales que están disponibles en materia de prevención del delito.