Documentos dados a conocer por la Procura- duría General de la República (PGR) revelan que en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamauli-pas, en 2010, se señala la participación de policías de tránsito y de seguridad municipales.
De acuerdo a un reporte del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicado hoy, la Fiscalía abrió los documentos luego que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respondió a una solicitud de este organismo.
En los documentos, se citan declaraciones de miembros del Cártel de Los Zetas, quienes informaron que los policías municipales actuaron como «halcones» del grupo criminal, interceptaron a personas y pasaron por alto actividades ilícitas del crimen organizado.
En la tarjeta informativa se consigna que Alvaro Alba Terrazas, uno de los detenidos, dijo a investigadores de la PGR que Los Zetas pagaban a policías para que en lugar de remitir a detenidos a la cárcel municipal se los llevaran al grupo criminal.
«Sé que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se le lleven al Pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas.
«El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar», se lee en el documento.
Por estos hechos la Policía Federal localizó y presentó el 13 de abril de 2011 a 16 integrantes de la Policía Municipal de San Fernando.
Entre los detenidos estaban Oscar Jaramillo Sosa, Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Herevia, María Guadalupe Galván Hernández, Remigio Carrillo Mireles y Guadalupe Hernández Ibarra.
También fueron requeridos Manuel Avila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz, José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Ja-ramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández y Jesús Ramos López, todos ellos adscritos a la Policía Municipal, así como Joel Reséndiz Moreno. Aunque los detenidos negaron su participación en los hechos a todos se les dictó el auto de formal prisión el 30 de junio de 2011.
Como parte de la investigación, detalla el documento, se ejerció acción penal en contra de 72 personas por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
En su reporte, el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense compara el caso de la masacre de migrantes con la desaparición de 43 normalistas en Iguala, pues, según el organismo, se repite el mismo patrón.
«El caso de San Fernando sigue un patrón familiar, que se ha visto varias veces en los últimos años.
«Como el caso Ayotzinapa, las masacres de San Fernando son sintomáticas de la sucia guerra de corrupción y narcopolíticas que han consumido partes de México en la última década», argumenta.
