El sector privado del país pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo establecer reglas claras para el establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que sustituirá al salario mínimo como referencia para el pago de contribuciones, obligaciones y supuestos previstos en las leyes.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) reconoce que el proceso de desvinculación del salario mínimo que avanza en el ámbito legislativo es positivo, ya que este factor se había constituido en el principal obstáculo para negociar niveles más altos de la base mínima de percepciones de los trabajadores.
«No hay duda de que este es un paso importante en la modernización de la política salarial, pero también se debe llevar a cabo de la mejor forma para evitar efectos negativos para la población» , señala en su Análisis Económico Ejecutivo.
Refiere que como premisa fundamental para el sano desarrollo del país, hay que tener presente que una nación y empresas competitivas, en todos los sectores, en el agropecuario, en el industrial y en los servicios, requieren un gobierno también competitivo.
En este contexto, subraya que un gobierno competitivo quiere decir que sea eficiente, en el que su productividad mejore día con día. La productividad del país, de sus actividades productivas también depende, sin duda, de la mejora en la productividad gubernamental.
«Es por ello que la UMA debe ser una referencia que no busque mayor recaudación para remediar la ineficiencia gubernamental, sin una referencia que apoye la productividad y que sin incrementarse igual que el costo de la vida, evite la reducción del ingreso disponible de empresas y familias» , apunta.
Por otra parte, el CEESP advierte que el valor de dicha unidad se tendría que actualizar con la inflación general y ese es un incremento excesivo, en las referencias.
Asimismo, califica de fundamental que la actualización de la UMA se relacione fundamentalmente con un indicador que refleje la tendencia de largo plazo de los precios de la economía y no del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) , que integra los precios de productos agropecuarios o de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.
Además, dijo que la nueva unidad de medida debe ser completamente ajena a cualquier relación con indicadores que sean netamente laborales, como las pensiones, es para esto que se desvincula del salario mínimo.
De esta forma, el sector privado propuso que una buena medida de referencia sea el Índice de Precios Subyacente, que excluye precisamente la evolución de los precios de productos agropecuarios y de combustibles y tarifas públicas.
«No dependamos de los precios administrativos, de los caprichos del clima o de la escasez relativa de algún bien; que el jitomate, naranjas y limones no alteren el sentido de una unidad de medida moderna» , puntualiza.
En cuanto al salario mínimo, el CEESP señala que sin duda debe recuperar paulatinamente su nivel adquisitivo perdido, pero advierte que depende de incrementar la productividad y sobre todo de fortalecer el mercado laboral.
