El Senado de la República solicitó al Ejecutivo federal un reporte sobre las acciones para atender las recomendaciones del informe «Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México».
En un comunicado, el Senado informó que en su penúltima sesión del periodo ordinario, aprobó un punto de acuerdo en el que le pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mejorar la capacitación de los servidores públicos en la materia.
Asimismo solicitó al Ejecutivo federal informe qué acciones ha implementado para atender las recomendaciones que la Comisión Internacional de Derechos Humanos hizo en su más reciente reporte sobre migración.
El documento, remitido a las instituciones y dependencias responsables de la política migratoria en el país, está encaminado a intensificar esfuerzos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el ejercicio de las responsabilidades de las autoridades.
Así como para establecer y promover valores, creencias y actitudes que alienten a las personas a defender sus propios derechos y los de los demás.
Se expone que la situación de inseguridad de los migrantes es cada vez mayor, ya que frecuentemente son víctimas de arrestos arbitrarios y ausencia del debido proceso, de expulsiones colectivas, discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales, así como de obstáculos para el acceso y procuración de justicia.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información de que agentes del Instituto Nacional de Migración y policías municipales, estatales y federales, directamente o en colusión con organizaciones criminales, han perpetrado delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes», señala el comunicado del Senado.
Señala que las violaciones a los derechos humanos de este sector se han incrementado en cantidad y gravedad, por lo que consideraron indispensable identificar las causas de fondo de los problemas que enfrentan actualmente a su paso por México, así como reorientar el diseño y aplicación de políticas que atiendan el problema.
Se afirmó que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes indocumentados, por ello, debe adoptar medidas positivas, evitar iniciativas que limiten los derechos fundamentales, y suprimir medidas y prácticas que restrinjan o vulneren sus derechos.
Aunado a ello, el incremento de la violencia durante los últimos años en México plantea desafíos sumamente complejos. Por ello, al esquema de capacitación se deben sumar medidas que salvaguarden la seguridad para tener una sociedad justa, en la que los derechos humanos de todas las personas sean valorados y respetados, concluyó el comunicado.