La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, expresó un extrañamiento ante la postura de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), respecto a que la liberación de las dos mujeres detenidas por su presunta participación en los hechos de Tlatlaya, no tiene qué ver con las indagatorias del caso.
El coordinador de la bancada, Miguel Alonso y la diputada coordinadora del grupo de trabajo plural que da seguimiento a los hechos en Tlatlaya, Elena Tapia, calificaron como “muy grave” que el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, pretenda negar que las sobrevivientes fueron víctimas de tortura y que esa práctica ilícita, no las obligó a declararse culpables.
“Consideramos que la aceptación por parte del Gobierno del Estado de México de la Recomendación de la CNDH no puede prestarse a simulaciones”, advirtieron.
Alonso Raya y Tapian Fonllem recalcaron que si el gobernador Eruviel Ávila no estaba de acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual apuntó a que la policía estatal obstaculizó las indagatorias y alteró la escena del crimen, tenía la opción legal de rechazarla y justificar su negativa.
“Hoy es necesario que el Gobernador y sus funcionarios, que negaron durante meses tanto las ejecuciones arbitrarias como los actos de tortura, asuman la responsabilidad que les corresponde”, demandaron.
La legisladora y el coordinador perredistas agregaron que de acuerdo a los elementos con los que cuenta el grupo plural de trabajo de San Lázaro sobre Tlatlaya, se puede afirmar que “el enfrentamiento tuvo una corta duración y que la mayoría de las pérdidas humanas ocurrieron en actos de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos militares, lo que es inaceptable en cualquier país que pretende ser democrático”.
Catalogaron como inaceptable la actitud del procurador mexiquense, a quien señalaron por intentar encubrir los delitos cometidos y promover la impunidad.
“Por ello, hacemos un llamado al Gobernador para colaborar sin objeción con la justicia federal y con la CNDH, así como a acatar estrictamente las obligaciones en materia de derechos humanos e investigue con estricto apego a la ley a todos los servidores públicos que hayan incurrido en ilícitos”, remarcaron.
Recordaron que en la recomendación 51/2014 de la CNDH, se señala que el personal de la procuraduría del Estado de México incurrió en actos ilegales y omisiones como las referidas, participaron en la tortura a las mujeres detenidas y no preservaron de manera adecuada las evidencias ni la escena de los hechos.
Subrayaron que la tortura es una práctica sistemática en México, su propósito principal es obligar a las personas a autoinculparse y librar a la autoridad de sus responsabilidades.
Por ello, insistieron, es sumamente grave que la PGJEM pretenda negar que las mujeres recientemente liberadas, hayan sido torturadas y que ello influyera en sus testimonios.