A la reflexión llamó la Arquidiócesis a las autoridades públicas en general y a las municipales, en particular, sobre los graves efectos de la crisis económica sobre amplios sectores de la población y desde donde se desprende el fenómeno del comercio informal.
El vicario Arquidiocesano, Benjamín Moreno Aguirre, no descuidó el contexto social en el que el poder adquisitivo de las familias es cada vez menor y, cada vez son mayores las demandas de las familias en materia de procuración de la educación, de la salud, de la alimentación y de la vivienda.
Tal situación obliga a la familia a salir a la vía pública a ofrecer sus productos caseros y artesanales o a vender productos de terceros.
El gobierno, el ayuntamiento, están en todo el derecho de buscar la reubicación de los vendedores ambulantes, al tiempo que están obligados a promover al Estado y al municipio como espacios para la inversión y, consecuentemente, para la generación de empleo.
El gobierno debe estar constantemente potenciando el sector productivo para abrir nuevas fuentes de empleo, dijo.
El Vicario arquidiocesano recordó que San Luis Potosí es una entidad en la que hay mucha pobreza, desigualdad y marginación, como puede observarse en el hecho de que en las calles de la Capital potosina “hay mucha gente pidiendo limosna”.
Se requiere de la intensa y permanente promoción del estado potosino como espacio abierto a las inversiones productivas, pero también, observó el sacerdote, se reclama de políticas de atracción de capital que generen el mayor número posible de empleos, y de empleos remunera dos; no para atraer empresas automatizadas, que no generan las plazas laborales que se reclaman.
Finalmen Moreno Aguitre reprochó, asimismo, las prácticas de algunos liderazgos sindicales que comprometen con los empresarios contratos de protección por los que los trabajadores potosinos, no obstante que realizan idénticas jornadas de trabajo que en otras entidades, reciben menos ingresos y prestaciones que aquellos.
