Se avizora en San Luis Potosí la presencia de una campaña negra por la que se busca afectar la credibilidad de personajes señalados como posibles candidatos a la gubernatura del Estado y que se han caracterizado como punteros en las encuestas de preferencia electoral realizadas hasta ahora.
El problema de las campañas de esta naturaleza reside en la incrustación en el proceso de intereses de grupos de poder al interior de las instituciones públicas, de los partidos políticos y entre algunos sectores económicos ajenos al interés y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, advirtió Raúl Arturo Del Castillo García, delegado nacional del Frente Político Nacional Revolucionario.
Observó que el efecto de estas campañas desprenderá un incremento en los índices de abstención electoral y dejará a la comunidad en un escenario de incertidumbre y de descrédito de las instituciones y funcionarios públicos, incluido el Organismo Público Local Electoral, desde donde se ha solicitado una “investigación” del presidente municipal de Soledad “para determinar si este incurrió o no en el presupuesto de una infracción a la legislación electoral denominada “campaña anticipada” o, bien, para averiguar si éste habría utilizado o no recursos e infraestructura pública para su promoción.
De ser así, estas funciones no son de la correspondencia jurisdiccional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que son funciones reservadas para la justicia federal, en este caso para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sería triste que el Organismo Público Local Electoral estuviera participando –en abuso de sus atribuciones— en una eventual campaña para afectar la credibilidad de los pre-aspirantes y aspirantes a cargos de elección popular, sacrificando su credibilidad, destacó.
Expresó que ante la actuación fallida de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el requerirla para investigar a los candidatos a cargos de elección popular es tanto como “poner a la Iglesia en manos de Lutero”.
