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    El beneficio de la duda

    By on 18 diciembre, 2014

     

    El tema de seguridad pública en el Distrito Federal es, para el 70% de los capitalinos, el problema más grave de la ciudad; la preocupación va en aumento porque los ciudadanos no observan “cambios notables” en este asunto tan sensible.
    El lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto avaló la propuesta que le envió el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para nombrar a Hiram Almeida Estrada como nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ante la decisión de Mancera, a los capitalinos sólo nos queda el beneficio de la duda.
    Antes de ser nombrado titular de Seguridad Pública del DF, Almeida Estrada se desempeñaba como contralor general del GDF, cargo que asumió desde el inicio de esta administración. No es que se dude de la capacidad y conocimiento sobre la administración capitalina que debe tener el abogado; el problema es que la seguridad en esta ciudad vive su momento más complejo; tanto que ni Jesús Rodríguez Almeida, con todas las credenciales curriculares que tenía, pudo evitar ser relevado del cargo.
    Difícilmente se puede dejar de evaluar el paso de Hiram Almeida por la Contraloría, no sólo por tratarse de su pasado laboral inmediato, sino principalmente, porque él tuvo la gran responsabilidad de investigar las irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Metro. Los resultados, hasta antes de dejar ese cargo, fueron lentos e inconclusos. Sin embargo, para los ciudadanos de a pie, no hay resultados porque no hay culpables ni castigo (sólo ha habido inhabilitaciones) y el tramo de la Línea 12 clausurado, sigue sin funcionar.
    Toda la problemática de la llamada Línea Dorada se conoció en marzo, pero fue hasta principios de septiembre que la Contraloría ordenó la inhabilitación por 20 años a Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, así como la de otros 33 funcionarios y ex funcionarios sancionados. En ese entonces, Almeida Estrada dijo que denunciaría a Horcasitas Manjarrez ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por permitir la entrega de una obra no concluida debidamente. El pasado 8 de octubre, Almeida informaba que la dependencia a su cargo recibió recursos de revisión de nueve de los 33 sancionados. Cabe destacar que de esos 33 funcionarios y ex funcionarios sancionados, hasta ahora solo 15 enfrentan procesos penales por las diversas anomalías que obligaron a cerrar más de la mitad de la Línea Dorada.
    A finales de noviembre, la Contraloría capitalina ordenó una segunda inhabilitación en la administración pública a Horcasitas, esta vez por tres años. Al tiempo que impuso 55 sanciones a 38 personas, entre ellas 15 funcionarios que no habían sido multados en el primer análisis. En esta ocasión volvió a señalar que daría vista a la PGJDF, por la posible responsabilidad penal de 27 personas.
    En esa oportunidad, también señaló que implementaría acciones adicionales para recuperar la afectación al erario, que suma más de 20 mil millones de pesos, por las irregularidades en la Línea 12 del Metro. No obstante, hasta el momento los ciudadanos no hemos visto hechos concretos en esa dirección.
    El reto que enfrenta Almeida no es menor; tiene que resolver la crisis de seguridad que vive la ciudad y que puede empeorar gracias a la que vivimos de manera general en el país.
    Las primeras declaraciones del secretario de Seguridad Pública capitalino fueron en torno al respeto irrestricto de los derechos humanos y la dignificación de los cuerpos policiales; sin duda, ello lo desmarcará de su antecesor, pero lamentablemente, será insuficiente para empezar a resolver la grave inseguridad que se vive en la ciudad.
    La adecuada armonización constitucional y jurídica de estas dos facetas del moderno Estado de Derecho es uno de los principales retos de la transparencia y la rendición de cuentas en México. Mientras que los componentes, desarrollo y futuro del Derecho a la Información se han tornado fundamentales en el estudio y aplicación de las ciencias jurídicas, sociales y políticas actuales, las aristas y trascendencia de la Seguridad Nacional no han sido suficientemente exploradas, analizadas o divulgadas en nuestro país. Así lo entendió el autor de un trabajo extraordinario de titulación para la obtención del grado de licenciado en derecho que recientemente me encontré en la Facultad de Derecho de la UNAM.
    Como el sustentante lo afirma, la tensión entre los dos temas no es nuevo, pero si lo es su estudio y la tesis recepcional de mérito es de los textos pioneros en la materia. Su autor, José Garnica Vidal, nos lleva por las vicisitudes contemporáneas del derecho a la información como derecho humano y sus expresiones jurídicas como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Presenta también una muy útil evolución histórica del artículo sexto constitucional, sede tradicional de este derecho; pero aborda del mismo modo los hiper modernos derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a nuestros datos personales (derechos ARCO). Lo más importante del texto son dos capítulos. El tercero, en el que desmenuza la colisión entre el derecho a la información y la seguridad nacional (en el que estudia detenidamente el concepto, la historia y los retos de ésta) y el cuarto, que se compone de sesudas y concretísimas propuestas de ajustes legislativos, que los legisladores federales y los expertos deberían ponderar con seriedad. De éstas, hay que destacar la de modificar las restricciones de acceso a la información pública por motivos de seguridad nacional, pero también algunas otras a los dos cuerpos normativos relevantes en la materia: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Seguridad Nacional. Este último punto no es menor y me parece el núcleo de la preocupación académica de Garnica Vidal.
    En su investigación, realizada a través, precisamente, de peticiones de acceso a la información presentadas al IFAI, el autor descubrió que la causal de riesgo de seguridad nacional para negar información solicitada va en un aumento considerable que quizá haya que atenuar o detener.
    Mientras en 2003 fueron solo 69 negativas fundadas en esa causal, en 2008 fueron 136 y para 2013 ascendieron a 275; es decir, un incremento de casi 300%.

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