Padres de familia de los jugadores del equipo de fútbol «Los Avispones de Chilpancingo«, quienes también fueron víctimas de un ataque en Iguala el pasado 27 de septiembre, pidieron una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, tres padres de familia de los jugadores del equipo de tercera división denunciaron la falta de apoyo gubernamental, luego del ataque por parte de un comando, cuando se dirigían de Iguala a Chilpancingo.
Producto de ese ataque murieron David Josué Evangelista y el chofer del camión, Miguel Lugo; además, 16 integrantes del equipo resultaron lesionados.
Adalberto Soberanis Méndez, uno de los inconformes, leyó un documento que, aseguró, fue elaborado por los padres de familia y pidió que no le tomaran fotografías porque luego del ataque que sufrieron sus hijos, viven con temor.
«A pesar de recibir invitaciones de diferentes organizaciones sociales de unirnos a sus movimientos, hemos permanecido calmados en espera del cumplimiento de que las autoridades municipales, estatales y federales pongan en práctica los compromisos adquiridos.
«Sin embargo, a casi tres meses de la tragedia y ante la falta de respuesta de las instituciones de gobierno, exigimos audiencia inmediata con el presidente para exigir justicia y se aplique todo el rigor de la ley a los culpables».
Aunque los padres se negaron a especificar cuáles habrían sido los acuerdos establecidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, denunció que a más de tres meses no les han brindado apoyo de ningún tipo, tal y como se comprometieron las autoridades.
Sobre la masacre de Iguala, en el documento que leyó dice su postura: «(Hubo) nulo apoyo del Sistema de Seguridad y Emergencia, violación de los derechos humanos de los jugadores al tomar declaración ante el Ministerio Público a menores de edad sin la presencia de sus padres o tutores. Negación de servicio médico a los heridos por parte de hospitales privados de la ciudad Iguala».
Denunció que hubo una atención inadecuada de heridos que por indicaciones de las autoridades municipales trasladaron al Hospital General «Raymundo Abarca Alarcón» de Chilpancingo.
Denunciaron que hay «incumplimiento en la realización de trámites que corresponden a las autoridades municipales, no cumplimiento de ofrecimientos verbales por parte de autoridades municipales, incumplimiento al plan Integral de reparación del daño para víctimas del Caso Iguala, implementando por el gobierno del estado y operado por la Sedesol Estatal».
Además de la falta de compromiso en cumplimiento de acciones por parte de instituciones del gobierno federal como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación federal y que reclamaron las «irregularidades por parte de instituciones encargadas de realizar la investigación».
Miguel Ángel Ríos Romero, padre de un jugador, dijo que sentía mucho coraje porque su hijo, no mencionó el nombre, estuvo a punto de morir por la falta de atención médica inmediata luego de que fueron atacados en el crucero de Santa Teresa, a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal de Iguala, a donde habían asistido a un partido de futbol.
Lamentó que las autoridades, como Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal en Guerrero, dijera que sus elementos no actuaron ese día porque «se mantuvieron al margen».
«Mi expresión es de rabia, manifestando que si estamos podridos en todos los niveles mejor sería que se quedaran callados y emitieran soluciones más inteligentes», dijo.