La decisión del gobierno de San Luis de destinar 3 mil 500 millones de pesos del erario a la automotriz alemana BMW por haber instalado una planta aquí obliga a revisar las condiciones de la entrega de estímulos de diverso tipo a entidades privadas a cambio de que inviertan en el país, advirtió el regidor panista de Soledad, Jalil Chalita Zarur.
“La automotriz alemana se comprometió a crear hasta mil 500 empleos e invertir mil millones de dólares en un plazo de 15 años; sin embargo, dichos beneficios quedan a merced de la voluntad de la empresa, que podría dar por cancelado el convenio referido”.
El Regidor Jalil Chalita Zarur expresó su preocupación porque no está claro al momento si la totalidad de las cesiones, incentivos, exenciones y demás beneficios aportados por el erario a esa empresa se ajusta a la legalidad, ya que gobierno del estado compromete a la hacienda pública durante varios sexenios sin contar con la aprobación del Legislativo de la entidad.
“Si la respuesta a esa duda es negativa, resulta obligada la inmediata intervención de las autoridades encargadas de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y de las instituciones responsables de perseguir delitos y procurar justicia”, advirtió el edil soledense.
Señaló que incluso si la transferencia de fondos públicos a empresas como la referida fuera legal, ello no impide que sea indignante y escandalosa, habida cuenta de la carencia de recursos que enfrentan las instituciones públicas de salud, educación y seguridad pública –por mencionar tres de los rubros más sensibles– para hacer frente a sus tareas cotidianas y prestar los servicios que corresponden a la población.
Chalita Zarur indicó que ha de considerarse además que, a diferencia de las actividades económicas que podría impulsar el Estado para generar por sí mismo nuevos puestos de trabajo –como la construcción de infraestructura y obra pública– , las llevan a cabo las corporaciones privadas con incentivos como los comentados, que no están orientadas por el interés de beneficiar al conjunto de la sociedad, sino por el afán de lucro y que, en consecuencia, sus objetivos son pragmáticos, estrechos y más dirigidos a la mercadotecnia que a un verdadero afán de contribuir al desarrollo del país.
Finalmente, sostuvo que el Artículo 70 de la Constitución Política del Estado establece la obligación de publicar en el Periódico Oficial todas “las leyes, reglamentos, circulares, convenios y cualquier otra disposición de observancia o interés general”, para su validez.
“Por muy importante que sea para el Estado la llegada de una armadora de autos, el convenio firmado entre la empresa y el Gobierno del Estado no puede estar por encima de la Constitución”, finalizó.
