Para que a los acreditados del Infonavit que tienen su vivienda en la unidad habitacional La Cruz del municipio de Salinas, no se les perjudique con montos excesivos que son impagables, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a esa institución a analizar y llevar a cabo acciones tendientes a evaluar la situación legal de cada propietario.
También se analizarán las condiciones de quienes realizaron trámites para adquisición de vivienda entre los años de 1991 y 1992 en la entidad para evitar que se les perjudique con el cobro de montos excesivos en la contratación de sus créditos.
Al respecto, la diputada Ruth NoemíTiscareñoAgoitia indicó que este tema surgió a raíz de que 40 familias de Salinas de Hidalgo han estado durante los dos últimos años intentando que se les cobre su crédito nada más a 20 años como se firmó en el contrato en su momento.
Expuso que muchos beneficiarios que realizaron trámites para la adquisición de vivienda, previamente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma del año 1992 al artículo 44, se encontraron en un dilema legal debido a que en algunos documentos se les señalaba que el crédito tendría una duración de 20 años, y en la actualidad se les pretende hacer efectiva la segunda reforma, es decir, que los créditos fueron otorgados a 30 años.
Tal es el caso de los habitantes de la unidad habitacional “La Cruz” del municipio de Salinas, San Luis Potosí, a los cuales en el certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito, claramente y de manera literal, se expresa en el apartado de Derechos y Obligaciones del Trabajador, en la segunda cláusula, que el crédito se liberará una vez que se completen veinte años de pagos efectivos, sean, 240 pagos mensuales o, su equivalente, en pagos bimestrales, destacó la legisladora.
Por ello, Ruth Noemí Tisca-reño Agoitia dijo que resulta indispensable y urgente, revisar la situación de los beneficiarios de créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el lapso que se dio la reforma mediante la cual se fijó como plazo de los créditos otorgados el de 30 años; ya que aunado a lo anterior, en nuestro Estado cuando se hace el ajuste, ocurre también el cambio de administración estatal, lo cual complicó los trámites, y retrasó la entrega y firma de los documentos de créditos, lo que deja en estado de indefensión a los trabajadores que por diversas razones realizaron trámites en los años1991 y 1992.
