La Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, han establecido procesos de fiscalización más eficientes para la revisión de las cuentas públicas de 112 entes de la administración pública, logrando resultados inéditos y observaciones que antes no se lograban.
El diputado Alfonso Díaz de León Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, señaló que al interior de esta comisión se tomó el acuerdo de realizar una reunión conjunta con el auditor superior José de Jesús Martínez Loredo, para que presente el resultado final de las observaciones solventadas y las sanciones administrativas, financieras e incluso penales que se estarán fincando a los funcionarios municipales responsables.
“Hemos buscado precisamente que este proceso sea más eficiente, más rápido y que busquemos la claridad y como nunca ha pasado antes, que sea en el mes de enero donde se esté fiscalizando y fincando las responsabilidades y presentando las denuncias en contra de los funcionarios actuales que resulten responsables de no solventar estas observaciones y que se traduce en un mal manejo de los recursos públicos”, manifestó.
Recordó que en estos 15 meses de las actuales administraciones municipales se registraron un total de 1,420 millones de pesos de observaciones financieras, que motivó a la comparecencia de los funcionarios responsables para responder ante estos señalamientos.
Agregó que no se permitirá de ninguna manera impunidad en este sentido, y se garantizará que quienes cometieron irregularidades sean sancionados conforme a ley.
“No habrá impunidad, de ninguna manera es una condición que tenemos los 7 integrantes de la Comisión de Vigilancia de 5 partidos y buscamos que nadie que quede impune a la aplicación de la ley, que quien haga mal uso de los recursos públicos sea quien sea y del partido que sea, no podrá interferir y que tenga una sanción financiera y en su caso las denuncias penales correspondientes”.
Finalmente, el legislador indicó que se ha trabajado de manera conjunta con la Auditoría Superior del Estado para sacar adelante algunas revisiones a cuentas públicas que datan desde el 2006, y se han interpuesto más de 30 denuncias penales en contra de funcionarios públicos municipales de 2006 a la fecha.
