Ni nuevos ni incrementos de impuestos en Ley de Ingresos

La Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal del 2015 por un monto de 37 mil 516 millones 389 mil 805 pesos, que no contiene nuevos impuestos ni incrementos en los existentes,  fue aprobada por mayoría, con 18 votos a favor y 5 votos en contra, y contempla aumentar los ingresos totales para el  próximo año en un 8.0 por ciento, en comparación con la Ley de Ingresos 2014, representado por más de 2,727 millones de pesos.

Este crecimiento se deriva principalmente de los ingresos presupuestados para 2015, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por parte de la Federación, el cual en comparación con su antecesor denominado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se obtendrán ingresos adicionales por 2,271 millones de pesos, que se encuentran etiquetados para el pago de la nómina de los profesores del sector federal transferidos al Estado y cuyo pago sería realizado a partir del 2015 directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La estructura de los ingresos para el ejercicio fiscal 2015 está conformada de la siguiente manera: 92.3 por ciento provenientes de recursos federales y 7.7 por ciento de los ingresos generados por el esfuerzo recaudatorio local. Esto derivado de que el Estado desde los años ochenta se adhirió al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el cual cedió sus facultades tributarias a la Federación, a cambio de recibir participaciones por los recursos captados por los impuestos que ésta cobra.

Los ingresos federales que se pretende recaudar para el ejercicio 2015, por concepto de participaciones, corresponden a 10,707 millones de pesos; los cuales en comparación con el ejercicio inmediato anterior reflejan una disminución. En términos reales si se tendrá una disminución de los ingresos, ya que no se alcanza a cubrir ni el porcentaje de inflación del 3.8 por ciento.

En el rubro de incentivos por convenios, derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se espera obtener 725 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5 por ciento en comparación con el ejercicio 2014.

Por concepto de Fondos de Aportaciones Federales correspondientes al Ramo 33, se prevé recibir 16,978 millones de pesos, cantidad superior en comparación con el ejercicio inmediato anterior por más de 2,285 millones de pesos, derivado de la creación del nuevo Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). En esta Ley se ha considerado una inflación estimada del 3.8 por ciento, respecto al incremento salarial se considera un 4.0 por ciento, factores utilizados como base para calcular algunos conceptos correspondientes a contribuciones estatales.

Entre las metas establecidas en la Ley de Ingresos Ejercicio 2015, destacan las siguientes: Realizar acciones de vigilancia y cobranza para incrementar la recaudación. Ampliar los servicios de orientación y asistencia al contribuyente, modernizando los servicios de recaudación. Y establecer programas de estímulos para incentivar el pago oportuno de las contribuciones estatales; entre otras.

También se aprobó por mayoría, con 18 votos a favor y 5 votos en contra, reformar los artículos 64 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. Y desechar por improcedente iniciativa que buscaba modificar el artículo 23 de esta misma ley.

Con esta reforma a los artículos 64 y 93 de esta ley se establecerá un ajuste en los derechos de control vehicular en dos salarios mínimos (considerando que este año este derecho fue de 7 salarios mínimos por lo que pasará a 9 salarios mínimos), haciendo hincapié que dicho monto no es un incremento real sino una actualización en los costos que el Estado hoy en día no puede subsidiar por las condiciones económicas prevalecientes.

Además, que todos los derechos previstos en este ordenamiento se incrementarán a una tasa del 25  por ciento (considerando que este año fue del 15 por ciento), cuyo importe se destinará, preferentemente, a instituciones públicas y privadas, cuyo fin u objeto sea proporcionar servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias, o grupos en situación vulnerable, sin fines lucrativos; en el entendido de que por lo que respecta a las instituciones privadas, además deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Dicho gravamen no estará sujeto a disminución o condonación, aunque lo fueren los principales sobre los que se aplica. El Ejecutivo informará al Congreso del Estado, sobre las sumas recaudadas y su aplicación en las cuentas públicas correspondientes. Es obligación de todas las dependencias que conforman la administración pública del Estado, ingresar todas las cantidades que se cobren por este concepto, a la Secretaría de Finanzas.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que  los ingresos por concepto de derechos representan una fuente importante de recursos, que permiten la implementación de programas, los cuales van dirigidos primordialmente al desarrollo económico y social de nuestro Estado.

Tomando en cuenta la disminución en las participaciones federales que se tienen presupuestadas para el ejercicio 2015, así como la baja de los ingresos petroleros a nivel nacional que afectan la economía de nuestra entidad, se realiza ajuste en los derechos de control vehicular, en dos salarios mínimos, haciendo hincapié que dicho monto no es un incremento real, sino una actualización en los costos que el estado hoy en día no puede subsidiar por las condiciones económicas prevalecientes.

En lo referente a los beneficios que se brindan mediante la asistencia social, los cuales también se han visto afectados por los factores descritos, se ajustan de un diez por ciento en este rubro, aumento que si bien es cierto afecta un poco a la contribución de los ciudadanos, generará, sin duda, un mayor beneficio a los sectores más vulnerables de la población.