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    Expiden la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado

    By on 14 diciembre, 2014

     

    Fue expedida la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado, cuyo objetivo es: reconocer la existencia y validez de los sistemas normativos de las comunidades indígenas del Estado, y el derecho de éstas a resolver las controversias entre sus miembros y sus conflictos internos; garantizar el acceso de las personas y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado; y tutelar los derechos del imputado; víctima, u ofendido, reconocidos en nuestra Constitución;  en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; y la Constitución Política Estatal.

    Para elaborar esta Ley, el Congreso del Estado, en coordinación con los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, emitieron convocatoria para la consulta a pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de armonizar el marco jurídico en materia de administración de justicia indígena y comunitaria en el estado de San Luis Potosí.

    El objetivo General de la consulta consistió en armonizar y adecuar el marco jurídico en materia de Derechos Fundamentales e Indígenas, así como de la Administración y Procuración de Justicia Indígena y Comunitaria ante las reformas constitucionales en materia de derechos fundamentales y a exigencia de instituir el sistema penal acusatorio de juicios orales en el estado.

    El Decreto 795 entró en vigor el 30 de septiembre de este año, previa  publicación en el Periódico Oficial del Estado, y con ello se abroga la Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria San Luis Potosí publicada en el Periódico Oficial del Estado bajo el Decreto 501, el primero de junio del 2006

    Cabe destacar que San Luis Potosí es el es el primer Estado de la Republica en realizar un proceso de Consulta a la población indígena respecto de los cambios normativos que en materia de Justicia y Derechos Humanos se requieren, previo a la entrada del Sistema Penal de corte Acusatorio y Adversarial.

    En esta Ley con relación al nuevo sistema penal acusatorio, se establece un apartado especial, para los pueblos y comunidades indígenas, para que adopten sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, y se adecua la justicia ordinaria con la justicia indígena, para generar un marco normativo que proporcione reglas básicas respecto de los límites jurisdiccionales que deberán guardar los jueces auxiliares indígenas.

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