Dentro de sólo seis meses tendrán lugar en nuestro país las elecciones más críticas en décadas. Serán, como todos los comicios, oportunidad para la expresión de preferencias político-partidistas; pero, sobre todo, ocasión para el desfogue de la honda frustración de los ciudadanos frente a los tres órdenes de gobierno. Y un plebiscito inevitable sobre la conducción del país.
Frente a esta realidad irremisible, la exigencia de padres de normalistas desaparecidos y dirigentes del magisterio de Guerrero, consistente en cancelar las votaciones en ese estado, se antoja un despropósito explicable sólo por la manipulación de fuerzas interesadas en desestabilizar. Esa, a la cual se refirió el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
En el denso caldo de la coyuntura, con el drama de los normalistas en el centro del perol, escándalos de indolencia o complicidad con la delincuencia y gorda corrupción gubernamental como aderezo, las elecciones anticipan una paliza para la totalidad de fuerzas políticas.
La elección de nueve gobernadores, 500 diputados federales, cerca de 700 locales y unos 1,100 alcaldes, en 17 entidades el 7 de junio y en Nayarit un mes después, será oportunidad para apuntalar las aspiraciones ciudadanas, en especial sobre por quiénes y cómo deben ser gobernados los estados y municipios. Pero es obvia la trascendencia nacional de este ejercicio democrático. Y más aún, su inexorable efecto en 2018.
En la hipótesis de participación de todas las fuerzas registradas en todos los puestos en disputa, en la primera mitad del 2015 los mexicanos podremos ver —y escuchar hablando maravillas de sí mismos— unos 12 mil aspirantes a puestos de elección. Masa idónea para la infiltración entre una mayoría de políticos honrados y decentes —los hay, los hay— de toda suerte de pelafustanes y delincuentes de la calaña de José Luis Abarca Velázquez.
Da grima constatar que de cara a este escenario de inminente repudio popular, no sólo en Guerrero sino en todo el país —y aun en Oslo si votaran los noruegos—, los dirigentes de partidos, de César Camacho a Carlos Navarrete, pasando por Ricardo Anaya y los jefes de la chiquillada, no dan señales de haber entendido la coyuntura ni las responsabilidades y desafíos que la misma les plantea.
Mediante las más manidas estrategias las cúpulas partidistas hacen cálculos y traman coaliciones de hecho y de derecho para propulsar no verdaderos líderes con pueblo atrás,
sino a políticos descalificados pero con peculio. Dinero ya sea propio y al menos formalmente limpio y bien habido, o patentemente sucio, de vaya uno a saber cuál grupo de interés, ricachón o cártel.
Las elecciones pueden ser ocasión inmejorable para la reivindicación de la política en su sentido más limpio y la recuperación por ésta de los espacios que hace lustros le fueron arrebatados por la tecnocracia, ésta de algún modo responsable de los actuales bamboleos de la nave del Estado.
A los puestos de representación popular y de gobierno, adulterando de mil maneras el concepto de la representatividad y la democracia —que es a secas el gobierno del pueblo, no sólo de los mejores del pueblo ni de los más ilustrados o capacitados— llegaron personajes con vistosos cartones y diplomas de las más picudas universidades del mundo. Técnicos competentes pero ineptos para de distinguir un surco de una simple grieta, o que en su vida han conocido una fábrica, el campo o una colonia popular.
Advenedizos de tal laya se apropiaron de los mejores puestos públicos y legislativos, desde los cuales, naturalmente, han tomado decisiones privilegiando sus intereses de clase o de grupo, cuando no —¡fuera máscaras!— de monopolios, duopolios o renombrados pesudos.
Por esta vía, con partidos como cómplices de la maniobra, se han decidido aspectos capitales para el adecuado desarrollo del país como el destino del presupuesto nacional, asignándole sólo migajas al campo, la educación pública, la salud, la asistencia social, las empresas pequeñas y medianas…
Sacudidos por la crisis que a todos alcanza los partidos están, ahora sí, ante la necesidad de escoger a los mejores candidatos. Mas no soplan hacia allá los vientos.
En el PRI se habla de prospectos con fuerte arraigo local, pero no como forma de genuino acercamiento a la gente, sino como maniobra para proteger al gobierno federal ante la inminente vapuleada plebiscitaria en las urnas.
El PAN decidió no formar coalición alguna para la elección federal, porque —dijo Anaya— se busca ganar con propuestas auténticamente panistas, claramente diferentes y distinguibles a los ojos de los ciudadanos. Suena bien. Pero es hipocresía.
Este lunes los panistas determinarán si en las elecciones de gobernadores capitulan en sus propósitos de autenticidad y distinción, y —tal como han hecho en muchas ocasiones— aceptarán jugar en aberrantes alianzas con el PRD. O, de modo desembozado, con delincuentes.
En Michoacán y a despecho de Anaya y su dubitativo no a las coaliciones de derecho, el calderonato que propulsa a Luisa María Calderón ya trama una alianza con grupos de autodefensa infestados de delincuentes. Eso y no otra cosa explica la necedad con que la bancada blanquiazul en el Senado promueve la ley de amnistía para autodefensas, so pretexto de la precaria salud del tenebroso encarcelado José Manuel Mireles.
Del PRD y sus compinches mejor ni hablar, porque viven por ahora la crónica de una debacle anunciada.
Pulverizado, con una campal intestina, sin líder moral y con dirigentes echados a escobazos de lugares públicos, sólo un milagro puede salvar al sol azteca. Será por eso que Miguel Barbosa ya adhirió a la idea de conculcar el derecho de voto a los guerrerenses.
Las elecciones en que por primera vez habrá candidatos independientes y reeleccción de alcaldes y diputados locales, hace avizorar una catástrofe para todos los partidos. Institutos cuya salvación, sin embargo, puede estar también en una oferta de caras nuevas, frescas, limpias, con genuino arraigo popular.
