El presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer acciones con la participación de expertos y sociedad civil para garantizar y fortalecer la protección de los derechos humanos en México.
Al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, dijo que quienes tienen una responsabilidad pública deben renovar su compromiso para que los preceptos de las leyes en materia de derechos humanos sean efectivamente una realidad.
“Esto implica todo un proceso de cambio, de mente, de actitud, de aptitud, de capacidad y de compromiso de todos quienes son autoridades y de la sociedad en su conjunto. Debemos asumir nuestros deberes y obligaciones y ajustar todo lo que tengamos que ajustar para asegurar el pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”, asentó.
Tras galardonar a Juan Manuel Estrada y entregar una mención honorífica a Mayela García por su labor en defensa de los derechos humanos, indicó que su administración hace su parte “y vamos a hacer mucho más”.
“A pesar de estos avances legales e institucionales, aún prevalecen desafíos importantes que no debemos ni vamos a ignorar. Tenemos que hacer más, mucho más, para garantizar en nuestro país los derechos inherentes a todo ser humano”.
Detalló que hace dos semanas presentó en Palacio Nacional 10 medidas para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país, y que una de ellas se refiere a acciones prioritarias para fortalecer y poner al día distintos instrumentos que protegen los derechos humanos.
Mencionó la actualización del marco jurídico en los rubros de tortura y desaparición forzada. Por lo que si se aprueba la iniciativa presidencial del 1 de diciembre, se facultará al Poder Legislativo para expedir leyes generales en ambas materias.
Dijo que con ello se podrán homologar en todo el país los tipos penales de tortura y desaparición forzada de personas, así como las reglas para su prevención, investigación y sanción.
La segunda acción es el mejoramiento de los protocolos y procedimientos para prevenir y sancionar con mayor eficacia los casos de tortura, desaparición forzada de personas y ejecución extrajudicial.
El jefe del Ejecutivo federal instruyó al gabinete de seguridad para que, en la atención de estos delitos, se adopten las mejores prácticas internacionales, a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales, que garanticen el derecho a la justicia, así como la reparación integral del daño a las víctimas.
La siguiente acción es la creación de nuevos mecanismos e indicadores en materia de derechos humanos, por lo que para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, el gobierno federal promoverá nuevos esquemas de seguimiento, en coordinación con la CNDH y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos e instituciones académicas.
También se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y para ello se instalarán Comités Estatales de Búsqueda y se creará un Sistema Nacional de Información Genética, para facilitar la identificación de personas no localizadas, y se establecerán estándares de calidad para el funcionamiento de los servicios forenses en todo el país.
El primer mandatario expuso que hoy cada una de las procuradurías estatales tienen información, pero que está dispersa.
Afirmó que se busca sistematizar esta información para tener instrumentos de una mejor búsqueda y una mayor y más rápida identificación de personas desaparecidas.
“Hoy ya existen esfuerzos en esta materia, pero tenemos que articularlos y consolidarlos en un sistema nacional”, expuso Peña Nieto.
La quinta acción es la publicación, el pasado 28 de noviembre, del Reglamento de la Ley General de Víctimas, lo que permitirá la creación del Registro Nacional de Víctimas y la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.