Muy mal harían los diputados y senadores del Congreso si deciden apresurar la aprobación del “decálogo” de iniciativas enviadas por el presidente Peña Nieto con el objetivo de consolidar el estado de derecho y recuperar la seguridad en el país. Deberán tener en cuenta que en 2015 abordarán temas relacionados del “Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018” y que un nuevo Pacto por México de las fuerzas políticas sobre el decálogo no tiene perspectivas, pues ya sectores del PRD, del PAN y del propio PRI manifiestan importantes reservas sobre la iniciativa. Por ello, tampoco es aceptable la complacencia de las autoridades de algunos estados para que ya se pongan en práctica en sus localidades las medidas del decálogo presidencial. La situación nacional no está para bollos, cuando ya hasta se considera necesario que los jefes militares orienten públicamente sobre la política interior.
Algunos de los temas del centralista decálogo propuesto por el Presidente son de tanta trascendencia o tan controvertidos para la sociedad mexicana, que es mucho mejor para la salud de la República abordarlos con mucha prudencia y sabiduría y no sujetarlos a un proceso de “fast track” legislativo que resulte contraproducente a los objetivos buscados.
Esto es precisamente lo que demandan los cinco ciudadanos invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública, apoyados por diversas organizaciones ciudadanas: que las iniciativas se sometan a una amplia “consulta, evaluación y deliberación”, empezando en ese propio Consejo “órgano rector en la materia”. Esto sólo se ha previsto para la séptima iniciativa del decálogo, “Acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la justicia”, donde el presidente encarga al director general del CIDE que durante tres meses realice foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para encontrar propuestas y recomendaciones sobre el tema. Este formato debería abarcar, en todo el país, los diez puntos de la iniciativa.
Ya muchos presidentes municipales se oponen a que sus gobiernos sean objeto de desaparición, así sea temporal, “cuando haya indicios de que fueron infiltrados por la delincuencia”, mediante petición al Senado por parte del fiscal general de la República y del secretario de Gobernación. Tampoco aceptan que con la creación de las Policías Estatales Únicas desaparezcan las policías municipales y las funciones sobre seguridad pública que a los municipios les asigna nuestra Constitución en sus artículos 115 y 21. Afortunadamente, seguimos siendo una república federal y democrática. No se entiende como Antonio L. Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, abogue por una propuesta tan centralista como el decálogo, con base en el ejemplo de un decreto del gobierno italiano de 1991, que se otorgaba la facultad de disolver y ocupar temporalmente las municipalidades infiltradas por la mafia mediante un acta del presidente de ese país. (Artículo “Del círculo virtuoso”, Reforma 10di14).
En cambio, especialistas mexicanos destacados dan muy buenos argumentos en contra de estas iniciativas; algunos señalan incluso que la descomposición institucional abarca también partes del gobierno federal y de los estatales, y que combatir la criminalidad y la omnipresente falta de respeto al estado de derecho implica un remozamiento general de la operación de nuestra estructura institucional (sin recargarla más con nuevas leyes o adiciones a la Constitución), tanto a nivel municipal como estatal y federal. Muy en particular, corregir la debilidad de los órganos encargados de la seguridad e impartición de justicia, que sólo castigan adecuadamente una mínima parte (2%) de los delitos que se denuncian. Y superar ya el lamentable estado de operación de las cárceles mexicanas; resolver positivamente las dificultades inherentes en las estrategias para establecer efectivos controles de confianza de los integrantes de cuerpos policíacos; que no desemboquen en despidos masivos de policías que así quedan marcados en sus antecedentes y, al no poder encontrar en consecuencia una nueva ocupación digna, son presa fácil del reclutamiento criminal. También se cuestiona si es necesario reforzar el control de los ciudadanos con una Clave Única de Identidad, cuando ya existen suficientes bases de información al respecto. Es esencial también evitar excesos del autoritarismo o del militarismo en las soluciones para eliminar la inseguridad.
Y una evidente y muy importante cuestión: fortalecer al municipio mexicano en sus diferentes áreas y dotarlo de la fuerza necesaria, institucional, técnica, económica y financiera, para que pueda tener cuerpos policíacos efectivos y bien preparados y autoridades capaces y blindadas contra las infiltraciones de todo tipo, es contribuir activamente a reducir la tremenda desigualdad política, económica y social de nuestro país. Es evidente que la pobreza, la exclusión y la marginación están también en la raíz de la inseguridad, como lo reconoce el propio Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-18, de abril de este año.
Está claro igualmente que hay que discutir seriamente el fin del prohibicionismo contra las drogas pues, con los ingentes recursos monetarios que obtiene, los narcotraficantes pueden cooptar casi a cualquier autoridad en los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno. Sería muy bueno que la ayuda para combatir la inseguridad que ofrece a México el gobierno de Estados Unidos fuera una contribución efectiva a la discusión para terminar el prohibicionismo contra las drogas.
Por todo ello, y dada la crispación política (y económica) actual, será mejor que el decálogo presidencial espere para su discusión hasta el siguiente período ordinario del Congreso en febrero de 2015. Además, nuestra Constitución no está para más experimentos.
