El juez podría estar involucrado en la comisión de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa, como titular del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, señaló la dependencia.
Entre las conductas anómalas destacan el abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscrip-ción sin la licencia correspondiente, probable recepción de contraprestacionesdistintas a sus ingresos como juez de Distrito, pues se advirtió que adquirió bienes muebles e inmuebles en cantidades que no corresponden a su salario, y realizó múltiples viajes al extranjero en un breve periodo, así como la posible falta al deber de presentar con veracidad su Declaración de Modificación Patrimonial.
De esta manera, se informa que el órgano competente del CJF inició una investiga-ción con motivo de los hechos conocidos por este cuerpo colegiado. Se corroboraron 31 registros de ingresos a México, a través de líneas aéreas mexicanas y extranjeras y solamente registro de dos salidas del país en el periodo entre 2005 y 2014.
lo que probablemente constituya abandono de la residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción sin la licencia correspondiente, detalló la CJF.
Asimismo, en sus declaraciones de situación patrimonial, a la que todos los servidores públicos están obligados a manifestar sus bienes muebles e inmuebles, incluidos los de su cónyuge, no se cuenta con datos relacionados con las siguientes propiedades:
Un departamento adquirido en 2006; una casa en condominio ubicada en el Pedregal de San Ángel, remodelada en 2009, y una casa en el fraccionamiento «Condominios Del Bosque», en Tlalpan, así como dos vehículos de fabricación alemana con un valor aproximado de entre un millón 83 mil pesos y un millón 400 mil pesos y, el otro, entre 698, 900 pesos y 959 mil 900 pesos.
Además, se detectó una transacción en efectivo por un monto de 41 mil dólares americanos.
«El Consejo de la Judicatura Federal, dentro del marco de rendición de cuentas y de cara a la sociedad, estima conveniente hacer del conocimiento de la misma la mencionada indagatoria administrativa, con el fin de patentizar su compromiso con la erradicación de actos contrarios al interés público», expresa en un comunicado.
También se investigaron las cuentas de sus familiares y se localizaron antecedentes de la compra en 2009 de un inmueble por un valor aproximado a un millón 505 mil pesos y la compra, en 2012, de un inmueble por un valor aproximado a los 14 millones 100 mil pesos.
En razón de lo anterior, el Pleno del CJF determinó suspender, sin goce de percepciones, al funcionario público por el tiempo necesario que duren las investigaciones administrativas y faculta a todas las instancias internas, incluida la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que procedan a las indagatorias a las que haya lugar.
«Estas acciones se inscriben en las políticas públicas judiciales diseñadas e implementadas durante la administración del ministro presidente Juan Silva Meza, para fortalecer la confianza de la sociedad en el CJF y en las y los juzgadores federales, por medio de la erradicación de conductas contrarias a la transparencia y la rectitud con las que debe conducirse todo servidor público»’ expresó el Pleno.
