Mediante el Decreto 776 se expide la nueva Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, que abroga la ley anterior, publicada en el Periódico oficial el seis de octubre del año 2012; en la nueva Ley, se crea el Centro Integral de Atención a Víctimas; un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, y se especifican los derechos de las víctimas de ayuda, asistencia y atención; de acceso a la justicia; a la verdad; a la reparación integral, por mencionar algunos.
En la nueva Ley destaca lo referente al Programa de Protección de Víctimas para el Estado, cuyo objetivo es implementar las medidas de protección de la seguridad de las víctimas y las personas que intervienen en los procedimientos administrativos y judiciales de atención, asistencia, apoyo y reparación.
Con esta Ley, se crea un Sistema Estatal de Atención a Víctimas, en el que participan tanto el Estado como sus municipios, la sociedad civil, y las organizaciones representantes de víctimas.
Asimismo, se crea el CIAV, que contará con los bienes muebles e inmue-bles, así como los recursos materiales y financieros con los que cuente, o tenga asignados el Centro de Atención a las Víctimas del Delito del Estado; además de los que adicional-mente le sean transmitidos por el Ejecutivo Estatal.
Del Centro de Atención Integral dependerá la administración de los albergues para víctimas que se establezcan en los términos de esta Ley y los reglamentos u otras normas que se adopten para ese propósito, así como las Asesoras y los asesores victimológicos y las y los representantes especiales de niñas, niños y adolescentes.
También se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de San Luis Potosí, el cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público
Se crea la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí como área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, y adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas.
Y, sin perjuicio de las competencias del Ministerio Público, se crea la figura del representante especial para niños, niñas y adolescentes, dependientes del Centro de Atención Integral, que deberá acompañar a los menores de edad en todo lo que se refiere a la aplicación de la presente Ley.