Para tener un ejercicio de gobierno transparente, eficiente y responsable, el Congreso del Estado aprobó los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado de San Luis Potosí del primer semestre del año 2015.
Con los montos mínimos y máximos a que estarán sujetos los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se pretende que las instituciones del Gobierno del Estado obtengan sus bienes y servicios con el mejor precio, calidad y oportunidad, según se establece en el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda del Estado de la LX Legislatura que preside la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
Además, con estos montos se busca que los procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios sean equitativos y transparentes, que permitan crear mercados confiables y estables capaces de atraer proveedores y contratistas eficientes y que resguarden los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Por ello y con la finalidad de cumplir con la responsabilidad referida, se determinó establecer los mismos montos que estuvieron previstos para el segundo semestre del presente año, dichos montos están fijados en salarios mínimos generales vigentes de la zona económica en que se ubica el Estado, mismos que de conformidad en lo establecido en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra mandata:
“Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente”; se actualizarán de manera automática en la fecha antes citada.
El dictamen aprobado establece que el monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente: Hasta 1,125 salarios mínimos generales vigentes en la zona económica en que se ubica el Estado.
Monto máximo y mínimo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación restringida por escrito a cuando menos tres proveedores: De más de 1,125 a 13,500 salarios mínimos generales vigentes en la zona económica en que se ubica el Estado.
Y monto máximo y mínimo total de cada operación que podrá otorgarse mediante licitación pública: De más de 13,500 salarios mínimos generales vigentes en la zona económica en que se ubica el Estado.