El ex diputado local por el ya desaparecido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, José Tomás Rosales López, señaló al secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, como el principal responsable e interesado en entorpecer las investigaciones en torno del secuestro y posterior asesinato de uno de sus hijos, ocurrido tres años atrás.
Rosales López dijo contar con elementos probatorios de la responsabilidad de que alto funcionario de gobierno habría instruido a sus colaboradores, entre ellos al Procurador General de Justicia en el Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, el entorpecimiento de las investigaciones que debieron derivarse del expediente 211/2011 del 12 de agosto de ese año.
El empresario independiente de la masa y la tortilla relató que, en los hechos, el entonces secretario particular del Procurador García Covarrubias (y anteriormente del propio Cándido Ochoa Rojas), José Luis Ruiz Contreras, fue instruido para entorpecer las investigaciones que correrían a cargo del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada contra Secuestros, Ulises Saucedo Cárdenas.
Rosales indicó que, una vez que señaló la responsabilidad del secretario particular del Procurador, Ochoa Rojas se movilizó para ubicarlo como Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, en un intento de salvar su responsabilidad en la obstrucción de la justicia.
Aseguró que no sólo se ha brindado “protección” al mencionado José Luis Ruiz Contreras, sino que el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa, ha extendido el beneficio “a un hermano de José Luis Ruiz Contreras”, quien es titular de un juzgado penal.
Ochoa Rojas, en opinión del ex legislador local, habría tejido una red de protección colocando a su amistades y colaboradores cercanos en posiciones de servicio público a nivel del poder ejecutivo local, así como en el judicial y en ámbitos de injerencia del Poder Ejecutivo de la federación, red en la que recogió al ex juez mixto de Guadalcázar, Gerardo González, promovido a la magistratura.
Rosales López solicitó la intervención del presidente Peña Nieto y del Procurador General de la República, con la finalidad de reactivar las investigaciones en el caso de secuestro y homicidio de su hijo Pedro Pablo Rosales Zapata.
José Tomás Rosales inició ayer una campaña de denuncia pública en la capital potosina, con miras a la reactivación de las investigaciones que lleven al esclarecimiento del asesinato de su hijo, la ubicación y aprehensión de los responsables, intelectuales y materiales, así como de sus encubridores instalados en el ejercicio de funciones públicas.