En 28 entidades del país se registraron manifestaciones pacíficas orientadas a demandar la presentación de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero hace más de dos meses por la Policía Preventiva Municipal y un grupo de civiles armados.
Sólo en el Distrito Federal y en Acapulco, Guerrero se registraron actos de vandalismo, que ponen en duda el origen y la intención de grupos reducidos, infiltrados para crear desórdenes y criminalizar la legítima protesta social, observó el catedrático e investigador de la UNAM, José Enrique González Ruiz.
El también activista social destacó que la infiltración de la organización y movilización social en los último años se ha vuelto característica, es de suponerse que se corresponde con un plan, una estrategia y hasta una política de criminalización que se viene ejerciendo desde las instituciones del estado desde el 2 de octubre de 1968, cuando el movimiento social-estudiantil se concentró en un mitin multitudinario en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco, destacó.
González Ruiz llamó la atención sobre el hecho de que el 1 de diciembre en 28 de las 30 entidades del país no se registraran sino incidentes mínimos y, sólo en el Distrito Federal y en Acapulco, Guerrero, las manifestaciones se salieran de control. Es claro los acto vandálicos provinieron en ambos casos de grupos reducidos pero organizados; en el Distrito Federal se estima que lo más de 7 mil manifestantes, 700 o menos de 700, se involucraron en actos de violencia y vandalismo.
Ya desde las primeras manifestaciones multitudinarias convocadas por el movimiento estudiantil #Yosoy132, surgido desde la oposición juvenil universitaria a la candidatura de Enrique Peña, la sociedad ha registrado la presencia de grupos compactos, característicamente vestidos de negro y con el rostro cubierto dedicados a realizar desmanes, provocación y violencia y que han contado con la protección de las llamadas “fuerzas del orden”. Sin duda que califican como agentes de provocación a sueldo y de cuyas actitudes y acciones se han venido valiendo los medios de comunicación coaligados con esos intereses para descalificar genéricamente los movimientos sociales, obviando o tratando de obviar la justicia de sus causas y reclamos.
Con frecuencia –dijo el doctor en derecho y ciencias políticas–, hemos visto fotografías y videos que dan cuenta de cómo estos personajes han contando con la protección de las “fuerzas del orden” y cómo han surgido desde sus filas, como los elementos del tristemente célebre Batallón Olimpia, en 1968 y de los Halcones en 1972.
La capacidad de maniobra del Estado encabezado por Enrique Peña Nieto se ha “encapsulado” mayoritariamente en el Distrito Federal y, ahora en Acapulco-Zihuatanejo y Chilpancingo.
Es probable que al darse cuenta de esto, Peña Nieto, esté buscando aprovechar estos hechos para centralizar las corporaciones policíacas, desestimando hechos concretos, registrados en las comisione de Derechos Humanos, nacional y estatales, y que apuntan a que las entidades e instituciones públicas que más queja de violación de derechos acumulan son las fuerzas armadas, las policías federal y estatales. Ahí están las estadísticas, los números fríos recogidos por los organismos defensores de derechos humanos, concluyó el analista político.