El diputado Federico Ángel Badillo Anguiano presentó una iniciativa para reformar el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de establecer que el nombramiento de los jueces auxiliares sea de tres años (y no de uno como se señala actualmente), a fin de brindar la oportunidad para que éstos tengan una mayor especialización y certeza sobre su designación.
Actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que los jueces auxiliares durarán en su cargo un año, o en su caso, hasta que se expida el nombramiento del nuevo juez, sin perjuicio de que puedan ser nuevamente electos; sin embargo, la falta de permanencia y certidumbre del cargo ha originado conflictos sobre la identidad del juez auxiliar que se encuentra vigente, afectando a su vez la especialización y conocimiento de los temas.
Expuso que el Juez Auxiliar es, sin lugar a dudas, uno de los más nobles cargos comunitarios a los que una persona puede acceder, ello en virtud de ser elegidos en asambleas generales no por sus conocimientos, sino por sus conductas y honorabilidad para fungir como aplicadores de los usos y costumbres inherentes al pueblo del que descienden.
Recordó que el sistema de justicia mexicano, establece ahora a las autoridades e instituciones comunitarias, así como a las reglas de conducta encaminadas a prevenir y solucionar conflictos mediante la aplicación de sanciones propias dentro de una comunidad, como en el caso de las indígenas, sin que éstas puedan sobrepasar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.
Con esta reforma que propone el legislador, la cual también es apoyada por el ciudadano Víctor Ángel Mancilla Cervantes, propone que el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí establecería: Los jueces auxiliares durarán en su cargo tres años, o en su caso, hasta que se expida el nombramiento del nuevo Juez, sin perjuicio de que puedan ser nuevamente electos.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis correspondiente.
