El regidor panista Jalil Chalita Zarur señaló que el Estado mexicano ha desarrollado una gran cantidad de leyes y organismos especializados para erradicar la violencia contra las mujeres, pero no los ha dotado de los recursos suficientes para hacerlos efectivos, por lo que los femi-nicidios y otras formas de violencia continúan ocurriendo todos los días en una impunidad casi total.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, mencionó que las mujeres que han sido víctimas de violencia han tenido más intervenciones quirúrgicas, más consultas médicas y más estadías en el hospital que quienes no han tenido antecedentes de violencia, incluso con secuelas que duran varios años.
Chalita Zarur condenó que para el gobierno no sea una prioridad la búsqueda de condiciones dignas de vida para las mujeres ni se tomen acciones urgentes para detener las agresiones en contra de este sector vulnerable de la sociedad.
Durante su participación en el foro Violencia contra las mujeres en San Luis Potosí: Retos y pendientes para cumplir con las obligaciones en la materia, Chalita Zarur destacó que por desgracia los acuerdos internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres no se han llevado a cabo en nuestro país y mucho menos en San Luis Potosí.
Aunque admitió el hecho de que hayan surgido múltiples leyes y organismos gubernamentales en toda el país para tratar de remediar el fenómeno creciente de la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo subrayó que estos mecanismos no han tenido el suficiente apoyo econímico de las autoridades para plasmarlas en la realidad.
«Sigue habiendo una gran distancia entre las leyes formales en los libros y las políticas que se han implementado para cambiar la vida de las mujeres en México”.
Agregó que seguimos encontrando ineficiencia judicial en cada etapa de la procuración de justicia, y eso genera una impunidad sistémica contra las mujeres. Leyes débiles
Además de lo anterior, dijo, muchas leyes no han sido puestas en marcha de forma adecuada, tienen mecanismos de evaluación y monitoreo muy débiles y no hay estadísticas disponibles o confiables para conocer la magnitud de la violencia contra la población femenina.
En este sentido, Chalita Zarur, explicó que las mujeres más expuestas a sufrir abusos son las que tienen menores recursos económicos y/o viven en el campo, las indígenas, las jóvenes, las lesbianas y transexuales, las que viven una situación de conflicto y las defensoras de derechos humanos.
Frente a dicho escenario, la respuesta más frecuente de los estados es tratar de resolver el conflicto mediante compensaciones económicas, pero no con una investigación que lleve a sancionar a los responsables de un abuso y a garantizar medidas de no repetición del agravio, lo cual ha provocado que el nivel de la violencia contra mujeres siga siendo «alarmantemente alto».
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