Los colectivos y personalidades incorporados a la Asamblea Popular Pro Ayotzinapa, surgida en el Barrio de San Sebastián, se trasladaron ayer a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la que establecieron un cerco simbólico para exigir la liberación de los detenidos en la protesta del 20 de noviembre en el Distrito Federal.
Asimismo, demandaron la presentación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
El profesor Rodolfo Olguín, y la activista Rocío Hernández, solicitaron a la delegación de la PGR profundizar y agilizar las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, para detener y procesar a los responsables del asesinato de seis personas, tres normalistas y tres civiles, en la emboscada tendida por la policía de Iguala y los sicarios del Cartel de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, los días 26 y 27 de septiembre pasado.
Reclamaron el excarcelamiento, sin cargos, de los detenidos en la manifestación del 20 de noviembre, cuando se incendiara la puerta principal del Palacio Nacional, y la detención de los verdaderos responsables, provocadores bajo contrato y protección del Estado Mayor Presidencial o de la entidad que resulte responsable.
La Asamblea Popular del barrio de San Sebastián Pro Ayotzinapa, presentó tres exigencias a las autoridades judiciales federales asentadas en San Luis Potosí: la instrumentación de diligencias para la búsqueda y presentación de los normalistas desaparecidos dos meses atrás, ajustando estas acciones a los más altos estándares técnicos y logísticos. El castigo a los servidores públicos implicados en crímenes de lesa humanidad: asesinato, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, tortura, persecución y hostigamiento sistemático.
En la toma simbólica de las instalaciones de la PGR instaron a la dependencia a acatar los 10 compromisos adquiridos por el gobierno federal con los familiares de los 43 desaparecidos:
1.- Rediseñar, profundizar y agilizar la búsqueda de los desaparecidos;
2.- Establecer una Comisión Mixta de Seguimiento e Información que incorpora a los padres de familia de los desaparecidos;
3.- Brindar facilidades y apoyo al Equipo Argentino de Antropología Forense;
4.- Respeto irrestricto de los derechos humanos que asisten a los agraviados;
5.- Facilitar la coadyuvancia de las personas que en la Averiguación Previa tienen reconocida dicha calidad;
6.- Integrar un grupo de trabajo de la PGR para analizar los casos planteados;
7.- La reparación integral del daño;
8.- Prestación médica a los lesionados en los hechos del 26 y 27 de noviembre;
9.- Redignificar los espacios educativos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos; y
10.- La firma de un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de asistencia técnica para las investigaciones.
De igual manera se exigió la liberación inmediata de los 11 detenidos el 20 de noviembre y la garantía de cese de las políticas de criminalización de la protesta social, advirtiendo que de ello harán responsables a las autoridades de los tres niveles de gobierno por cualquier d año, afectación en la integridad y el patrimonio.
Asimismo, los asambleístas dieron a conocer la agenda de actividades del 1 de diciembre próximo consistente en una marcha que saldrá de la Glorieta de Morales a las 3:30 de la tarde, con rumbo a la Glorieta a la Revolución en Himno Nacional, a donde se arribará a las 5:00 de la tarde, para reencaminarse hacia el PRI; harán un alto en la intersección de las a venidas Luis Donaldo Colosio e Himno Nacional para realizar durante 43 minutos una acción de volanteo. Arribarán al PRI a las 6:15 horas, donde se realizará la quema de una esfinge del presidente Enrique Peña Nieto, exigiendo su renuncia.