Luego de una serie de intentos infructuosos por obtener un derecho de audiencia constitucional con las autoridades del Poder Judicial, el pleno de la representación de trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado tomó la decisión de manifestar su inconformidad por enésima ocasión en la Plaza de Armas.
Una de las denuncias formuladas por la lideresa del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, consistió en acusar al magistrado Álvaro Eguía de incurrir inopinadamente, en la vida interna del sindicato, al intentar proteger a una ex militante a quien se demanda cubrir un préstamo otorgado del Fondo de Ahorro de los Trabajadores y que se ha negado a reconocer.
El magistrado Eguía, señaló la lideresa del SITTGE, contrariando su propia investidura, se ha obstinado en ofrecer su protección a la deudora, al negarse reiteradamente a cumplir con un convenio suscrito por las autoridades de los tres poderes con el sindicato, consistente en la realización de los descuentos de nómina que se correspondan con los adeudos generados y desconocidos por los trabajadores.
También señalaron la actitud del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Joel Melgar y del director de la Policía Estatal, José Luis Urban, quienes en versión de la lideres a estarían violentando los derechos laborales y humanos de los trabajadores reasignados a labores administrativas luego de sufrir lesiones discapacitantes en el servicio activo como agentes de la Policía Estatal, al instruir su reincorporación a los operativos.
Reséndiz Lara dijo que tanto Melgar como Urban Ocampo, se encuentran empeñados en simular la presencia de un aparato de seguridad pública suficiente para garantizar a la ciudadanía sus derechos a la protección del Estado contra actos generados por la delincuencia.
Consideró que, es probable también, que traten de salvar la aportación de recursos públicos federales a los programas de seguridad, actuando de manera irresponsable al comprometer la seguridad y la vida de los agentes discapacitados en servicio y reasignados a labores administrativas y comprometiendo asimismo, la seguridad del resto de los potosinos.
El SITTGE calificó como irresponsables a los consejeros magistrados Guillermo Balderas, Juan Carlos Barrón Lechuga, J. Refugio Jiménez y Alejandro Ponce, así como a Zeferino Esquerra por respaldar a Álvaro Eguía en la defensa voluntarista y a ultranza de una ex afiliada del SITTGE que se niega a reconocer su deuda y con ello afecta los derechos del resto de sus ex compañeros.