Quiénes son los que, amparados en la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, atizan los movimientos de violencia que el Presidente de la República aseguró haber ya advertido, y cuyo objetivo —a decir del mandatario— “pareciera responder a un interés de generar desestabilización, desorden social, y atentar contra el proyecto de nación”?
La demanda de explicaciones pende sobre el Ejecutivo federal como un enorme signo de interrogación que es indispensable despejar, porque el conocimiento público de una conspiración de semejante envergadura no puede quedar en las sombras. El presidente Enrique Peña Nieto señaló la existencia de tales movimientos siniestros; pero lo hizo de manera insuficiente y críptica, no sólo sin develar la identidad sino más bien como ajustando la capucha a los conspiradores, con lo cual abrió la compuerta a toda suerte de legítimas conjeturas.
Desde el balcón del ciudadano común puede verse que las manifestaciones por el caso Iguala y otros ingredientes de la coyuntura, en las cuales se ha vuelto ordinario el vandalismo, son variopintas y configuran un amasijo de intereses.
Hay de todo. Padres y familiares de los desaparecidos, sindicalistas y campesinos con reclamos genuinos, estudiantes desprevenidos, fósiles universitarios; profesionales de la agitación como los disidentes del SNTE; inocentes niños prostituidos políticamente por sus propios padres, e impunes trogloditas como los anarquistas. Súmense a esas marchas y mítines las protesta que dentro y fuera del país han expresado, en los foros más disímbolos, de diversas maneras y con notable conciencia de compromiso social músicos, actores, cineastas, cantantes, deportistas y personajes de renombre. De Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Rafael Márquez, Gael García y Thalía a Javier El Chicharito Hernández, Pepe Aguilar y los integrantes de Calle 13, entre otros muchos.
Si detrás de algunos de estos contingentes o personas —o en el seno de gremios, núcleos u organizaciones del sector privado con antecedentes conocidos y comprobables de lances desestabilizadores— se ocultan propósitos aviesos, esto es algo que los mexicanos tenemos derecho a conocer con toda oportunidad y claridad.
El Primer Mandatario dijo de manera textual:
“Hemos advertido los movimientos de violencia que, al amparo y al escudo de esta pena (la desaparición de los normalistas), pretenden hacer valer protestas que a veces no está claro su objetivo; pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social, y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.
El Presidente, ciertamente, no afirmó de modo inequívoco la existencia de propósitos de desestabilización. Se limitó a hablar de movimientos de violencia cuyo objetivo no está claro; pero “pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización”.
En los medios de opinión la frase presidencial fue interpretada como afirmación indubitable. “Creo que estamos viviendo momentos muy complicados de la vida nacional; pero, de ahí a hablar de desestabilización, hay un gran trecho”, dijo —por ejemplo— Lorenzo Córdova.
Los mexicanos, en todo caso, requerimos información precisa sobre este asunto que tiene tanto de ancho como de fondo.
Los incendios, la destrucción, los enfrentamientos de vándalos con la fuerza pública y el caos que ha cobrado carta de naturalización, llevan a suponer con facilismo que los afanes de desestabilización corren por cuenta únicamente de un piquete de revoltosos anarquistas encapuchados.
En palabras del propio Jefe del Estado, sin embargo, algunas voces unidas a la violencia provienen de quienes no comparten el hecho de que “hemos ido por reformas estructurales y de grandes a cambios”, reformas que “sin duda han afectado intereses de los que muchos tienen y de otros que se oponen al proyecto de nación”. ¿Quienes son unos y quienes son otros? Misterio.
Es cierto. La reforma energética tiene en pie de guerra a la izquierda toda, de la colaboracionista y la moderada a la más radical. Pero la tímida reforma fiscal aún hace bufar a la derecha más recalcitrante, empeñada en desmontarla. Y la de telecomunicaciones golpeó en su parte más vulnerable —la cartera— a los concesionarios del espacio radioeléctrico y los servicios de televisión y radio.
Desde la presentación de la iniciativa de telecomunicaciones, en marzo de 2013, se dijo en este espacio que sorprendía el no haber escuchado aún a los detentadores del poder económico equiparar a Peña Nieto con Hugo Chávez, ni emprenderla en su contra a punta de insultos, mentiras y linchamientos como hicieron con Luis Echeverría y José López Portillo, quienes tuvieron la osadía de confrontarlos así fuese sólo de manera declarativa.
Y tras la presentación de la reforma fiscal, en octubre de 2013, a la luz de la virulenta actitud de los dirigentes empresariales, quienes reaccionaron como si la propuesta hubiese sido inspirada por el castro-chavismo o el mismísimo Belcebú, se advirtió de una eventual confrontación gobierno-sector privado, de esas que no se han visto desde hace cuatro décadas.
Si en lugar de encasquetarles bien las capuchas el Jefe de la Nación hubiera puesto nombres y apellidos a por lo menos algunos de los confabulados y saboteadores, los ciudadanos no estaríamos ahora tratando de descifrar acertijos ni de discernir a tientas nuestras simpatías, y el gobierno tendría garantizado un respaldo social consciente y sin regateos.