Francisca Reséndiz Lara, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado, informó que es organización ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo, a través de la Federación Sindical Mundial, el constante hostigamiento del director de Seguridad Estatal José Luis Urban Ocampo contra 331 trabajadores discapacitados que conservan su nombramiento como policías, pero que se han asignado, por sus condiciones, a labores de carácter administrativo.
Reséndiz Lara indicó que, asimismo, se han presentado quejas contra la actuación autoritaria del Teniente Coronel Urban Ocampo ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sin que esta instancia haya procedido siquiera a analizar las inconformidades expuestas, por lo que éstas se elevaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en su momento se llevarán ante los organismos internacionales.
Los trabajadores afectados por diversas discapacidades en el servicio policíaco, sin importar que puedan o no caminar, si les falta un ojo o presentan lesiones en la columna vertebral, son habilitados para realizar operativos de seguridad en las que, además de exponer la integridad y la vida, exponen la integridad y la vida de terceros ciudadanos.
Una forma de presionar a los agentes, tiene que ver con los recursos públicos orientados a la homologación como agentes activos, forzándolos a aceptar aún cuando estos originalmente la han rechazado.
–La constante violación de los derechos de los ex policías que por haber sufrido lesiones discapacitantes fueron reasignados a áreas administrativas pero sin que la Oficialía Mayor cambie su adscripción, condujo a interponer ante la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, un recurso de queja y una solicitud de intervención que hoy se encuentra en proceso de análisis de las pruebas documentales entregadas.
Esta es, de hecho, la segunda denuncia que el SITTGE presenta a través de la Federación Sindical Mundial ante la OIT; la primera de ellas por la privación ilegal de la libertad de la propia lideresa del SITTGE y está relacionada con 331 trabajadores discapacitados y a los que, por omisiones administrativas, no se les ha reasignado como trabajadores administrativos.
El mal ejemplo de José Luis Urban Ocampo, advirtió la lideres a del SITTGE, está siendo retomado por el Procurador General de Justicia en el Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, quien se ha negado a cambiar el nombramiento de los agentes policíacos con lesiones discapacitantes, incurriendo en un presupuesto de delito atribuible a los servidores públicos.