Desesperados por el incumplimiento del Bando de Policía y Gobierno Municipal y del reglamento de actividades comerciales una representación de los locatarios del Mercado Municipal Hidalgo acudió ayer a presentar un recurso de queja por violación de sus derechos y garantías fundamentales por acción y omisión de la Dirección de Comercio.
La representación legal de los locatarios solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos argumentando que las demandas presentadas ante las autoridades municipales por la proliferación en los espacios inmediatos al centro de abastos municipal de comerciantes informales, se mantienen hasta ahora desatendidas, no obstante la obligación por ley de las autoridades de garantizar el zoco de protección contemplado por el reglamento de Comercio y el Bando de Policía y Gobierno, vigentes.
La solicitud de los locatarios del Mercado Hidalgo para que la CEDH de testimonio de los acuerdos surgidos en las reuniones con el personal de Comercio Municipal ha sido atendida en diversas ocasiones, no obstante solicitaron una mayor presencia, a fin de que la instancia defensora de los derechos humanos pueda dar seguimiento a los acercamientos, a los compromisos y puntos de acuerdo. Se subrayó que el origen de la queja tiene que ver con el creciente número de personas que se dedican a actividades del comercio informal en el zoco de protección del mercado Hidalgo y de la resistencia, incapacidad o temor de las autoridades municipales para cumplir con la obligación de ofrecer garantías de protección señaladas por el Bando de Policía y por el reglamento de Comercio.
Observaron que el fenómeno del comercio informal, en sus distintas modalidades, se encuentra extendido en el Centro Histórico, además de en las inmediaciones de los mercados municipales, de modo que definieron como urgente que las autoridades de comercio municipal actúen en el marco de sus obligaciones.
Las demandas de los locatarios, no sólo del Mercado Hidalgo, sino también del Mercado La República y los comerciantes establecidos en la Explanada Ponciano Arriaga, han originado una inconformidad constante de los comerciantes que n o ha tenido respuesta por parte de las autoridades encabezadas por el presidente municipal Mario García Valdez.
Solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos analizar el presupuesto de un incumplimiento de las responsabilidades de ley de los servidores públicos del área de actividades comerciales, con la finalidad de que se señalen estos casos de manera puntual y se garantice que las autoridades municipales ajustarán sus actos de responsabilidad de acuerdo con el marco legal correspondiente.
