El secuestro de la perito de la PGJE, María Guadalupe González Velázquez, y de su hijo de ocho meses en el estacionamiento de una bodega comercial ubicada sobre la Carretera a Rioverde, el pasado 26 de octubre, pone de manifiesto la ineficiencia del aparato de seguridad en el Estado, aseveró la educadora María del Rosario Torres Mata, fundadora de la Asociación Civil Fe y Esperanza e integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Al momento se tiene el registro oficial de casi un centenar de personas con estatus de desaparecidas en San Luis Potosí: 96, de las cuales 67 son varones y 29, mujeres. María Guadalupe González, trabajaba hasta el día de su desaparición, el 26 de octubre, en el área de crimina-lística de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a cargo del médico legista Javier Reinoso.
El automóvil de la profe-sionista, un Stratus Sedan modelo 2002, placas VEE2926, fue localizado un día después, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las investigaciones resultantes para identificar, a través de huellas dactilares a la persona o personas que pudieran ser responsables del plagio.
Se adujo que las investigaciones se encuentran en proceso y a casi 20 días de los hechos no se conocen resultados de las mismas, por lo que se ha recurrido al ejercicio de la presión social; de acuerdo con familiares y amigos de la criminalista, hasta el día de ayer no se había reclamado un eventual rescate, en que familiares de las víctimas descartaron que el eventual plagio tenga relación alguna con sus actividades en la Procuraduría.
La maestra en educación preescolar y familiares y amistades de María Guada-lupe González, así como integrantes de la Asociación Civil Fe y Esperanza, participaron el pasado miércoles en una acción de protesta pública en las inmediaciones de la empresa comercial donde ocurriera el plagio: en la Glorieta Benito Juárez, donde se mantuvieron a lo largo de cuatro horas, a partir de las 15:25 horas, interrumpiendo el tránsito vehicular.
Fe y Esperanza se solidarizó con la familia de María Guadalupe González y su exigencia de presentación sana y salva, advirtiendo que su hijo, de sólo ocho meses, requiere de atención y cuidados médicos especiales, pues padece de Síndrome de Dawn. La Asociación Civil Fe alertó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que preside Olga Noriega.
Familiares de la profesionista indicaron que están plenamente conscientes de que las autoridades judiciales deben sujetarse a los protocolos de investigación, indicaron que confían en la actuación de las autoridades con las que se han reunido en diversas ocasiones. Pero también demandan la agilización de la búsqueda y una actuación transparente y eficaz, puesto que no hay evidencias de avance en las mismas.
También, a través de Erik González, hermano de la perito desaparecida, los familiares reclamaron de las autoridades la emisión de medidas precautorias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de Jaime Rochín, aseveró que se mantiene en alerta al respecto de este caso, con miras a garantizar la seguridad y los derechos a la reparación del daño que asisten a los familiares y a la criminalista desaparecida, de acuerdo con la Ley de Víctimas y en la que San Luis manifiesta un inquietante rezago, según la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
