El borrador de la nueva Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que analiza el Senado de la República obligará a los partidos políticos a transparentar contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.
Es decir, de avalarse esta nueva ley que es reglamentaria a la reforma constitucional en materia de transparencia aprobada hace un año por el Congreso, se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer cuánto gastan los partidos desde los lápices que usan hasta la erogación por concepto de renta de inmuebles.
El texto -el cual fue repartido a 20 especialistas y organizaciones civiles vinculadas al tema de rendición de cuentas para que emitan sus comentarios- obliga tanto a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos a transparentar el destino de los recursos públicos que ejerzan, así como los mecanismos que emplean para captar dinero de particulares.
Ahora con este borrador, además de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se entenderán como sujetos obligados a los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos, los organismos autónomos, así como cualquier persona física y moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en sus actividades.
Ahora también municipios. De acuerdo con la reforma constitucional y su derivado en la ley reglamentaria, también se incluye a las entidades y los municipios del país.
En el caso de los partidos políticos nacionales y locales, además de transparentar los contratos y convenios que efectúen, la nueva ley los obliga a publicitar sus estados financiero y patrimonial, así como el inventario de todos los bienes inmuebles de los que sean propietarios.
Según el borrador de esta eventual ley, tampoco podrán negar a los ciudadanos información como el listado de aportantes en sus precampañas y campañas políticas.
Tampoco podrán negar la difusión de los montos de financiamiento público otorgados mensualmente a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del DF, es decir, se podrá solicitar, mediante solicitud de transparencia, los gastos del PRI, PAN, PRD u instituto político en cualquier ciudad, ranchería o municipio del país.
Otra de las atribuciones de esta futura ley, es la de que los partidos políticos deberán transparentar los montos autorizados de financiamiento privado y deberán publicitar una relación de los nombres de los aportantes, con sus respectivas cantidades.
En el caso de los sindicatos, éstos deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, información como contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, el directorio del Comité Ejecutivo, el padrón de socios y una relación detallada de los recursos públicos que reciban, las operaciones y transferencias que realicen, y el ejercicio y destino final de los mismos.
En este último caso, los sindicatos no podrán negar el nombre de la dependencia o entidad que les otorgue recursos para su operación, la motivación y fundamentación de su entrega, los montos de los ingresos directos o indirectos que perciban los sindicatos y su modalidad, y los conceptos y montos de sus egresos.
Una vez recibidos los comentarios de los especialistas e incorporados al proyecto, la iniciativa se presentará ante el pleno del Senado durante la segunda quincena de noviembre.
De acuerdo con los legisladores, se espera que este proyecto se apruebe cuanto antes, incluso antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre.
La ley forma parte del grupo de temas que tendrán en cuenta los senadores para su aval prioritario, junto con otras leyes y reformas.