Un Tribunal Colegiado ratificó un amparo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, para que un juez federal revise la legalidad de la detención que realizaron las fuerzas federales el 22 de febrero pasado, luego de que la defensa del capo argumentó que existieron diversas irregularidades en el operativo de captura.
En lo que representa un revés legal para la Procuraduría General de la República (PGR), los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito rechazaron el recurso de revisión que presentó la dependencia, ya que el Ministerio Público federal fue incapaz de desvirtuar los alegatos de los abogados de El Chapo, así como los argumentos del primer amparo que se le concedió.
Aunque en este fallo se confirmó el auto de formal prisión que dictó el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México el 10 de marzo pasado, dentro de la causa penal 10/2014, por los delitos de posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y posesión de cartuchos, el amparo sí obliga al juez a revisar las condiciones en que se dio la aprehensión de uno de los hombres más buscados en el país y Estados Unidos.
Guzmán Loera ya había sido amparado por el Segundo Tribunal Unitario con sede en Mazatlán, Sinaloa, pero la PGR intentó revertir el fallo; sin embargo, sus gestiones no prosperaron y se confirmó la protección de la justicia federal para el quejoso.
La defensa de El Chapo al presentar el recurso argumentó que el día de su captura en un departamento de Mazatlán, Sinaloa, “fue ilegal la intromisión de los agentes”, en su mayoría elementos de la Secretaría de Marina.
Expuso que las irregularidades que existieron son: “no haberse comprobado la denuncia de la persona que alertó a los agentes aprehensores; no se demostraron las investigaciones que se dice se estaban llevando a cabo para la aprehensión; que no se actualizan los supuestos de la flagrancia que autorizan a introducirse al edificio sin orden de cateo legal, cuando ni siquiera era él la persona objeto de la denuncia anónima que llevó al operativo”.
Al ratificarse el amparo el Tribunal Colegiado determinó que “en la resolución reclamada no se agotaron los principios de exhaustividad y congruencia que debe cumplir toda sentencia, pues se dejaron de analizar en su integridad los agravios y demás planteamientos formulados por la defensora del quejoso”.
Es decir, que el juez que inició el juicio contra El Chapo no atendió ni revisó las presuntas anomalías que expuso desde un principio la defensa; pero ahora, con este fallo, el juzgador a cargo del proceso estará obligado a revisar la legalidad de la captura de Guzmán Loera, para emitir una nueva resolución.
La defensa del capo buscó que se emitiera “un control de convencionalidad” a su favor, “al afectarse el derecho humano de dignidad e inviolabilidad del domicilio”, al momento de su captura, aunque no prosperó pues hubiera implicado que de inmediato se declarara ilegal su aprehensión.
Aunque los representantes del ex líder del cártel de Sinaloa, prácticamente señalan que la captura del capo fue fortuita, basada en una supuesta denuncia anónima para irrumpir sin orden de cateo al inmueble en el que vivía, la PGR expuso que sí existió un operativo previo pero Guzmán Loera escapó por unos túneles, y tras seguir la pista se tuvieron indicios de su paradero; aunque su escolta, Carlos Manuel Hoo Ramírez, dijo que incluso la autoridad mintió sobre la forma en que fue detenido.