El Gobierno del Estado revisará la situación individual de cada uno de los elementos policíacos que no acreditaron alguna de las pruebas de control y confianza, a fin de determinar cuál será el procedimiento que sea fincado sobre ellos, buscando que no represente un daño para las arcas estatales.
Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno, aseguró que el 100 por ciento de los 6 mil 800 elementos que conforman la fuerza policial de San Luis Potosí, fueron sometidos y evaluados en las pruebas establecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Expuso que la siguiente etapa será el destino que habrá con cada uno de los que reprobaron el examen o alguna de sus etapas, serán analizados en forma individualizada, y acorde a los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los alcances y efectos de las pruebas de control y confianza.
“Si una persona no es apta para portar un arma de fuego, no se le dará de baja, si cumple con el resto de condiciones. Tomamos en cuenta la preparación, la inversión hecha por el Estado al darle Academia, capacitación, pagarle una remuneración, queremos actuar con responsabilidad”, finalizó.