Enfrentamiento en San Pedro entre defensores de museo y presidenta

La alcaldesa de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo, enfrentó ayer la resistencia de los integrantes del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro y del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, luego de que utilizara las fuerzas de seguridad municipales para clausurar la Casa-Museo y de Cultura impulsada por la comunidad.
El Museo de Minería fue promovido por Armando Mendoza Ponce, ex minero y poblador de aquella cabecera municipal; durante muchos años y hasta su muerte, Armando Mendoza alimentó el proyecto cultural con sus propios recursos, aportando fotografías, documentos relacionados no sólo con las actividades mineras, sino también con asuntos civiles.
De igual forma, Mendoza aportó una diversidad de instrumentos utilizados por los mineros para realizar sus actividades de extracción de minerales, así como una amplia biblioteca que se reunió a partir de hallazgos y donativos a lo largo de una década. Rosaura Loredo intentó con una acción autoritaria eliminar este museo para dar paso a un proyecto apuntalado con recursos de la empresa méxico-canadiense Minera San Xavier, con miras a neutralizar la visión crítica de los sampetrenses que se han opuesto a la minería a cielo abierto que practica la MSX.
La permisividad de los gobiernos de la federación, del Estado y del municipio de Cerro de San Pedro dieron pie a la demolición del referente histórico y fundacional de San Luis Potosí: el Cerro de San Pedro, dio paso a la alteración de la biósfera y medio ambiente de la Sierra de Álvarez, a la afectación de la flora y fauna endémicas y abrió el camino a la contaminación de los acuíferos superficial, medio y profundo del Valle de San Luis, donde abreva alrededor de 1 millón 800 mil potosinos. Sergio Serrano Soriano, representante de civil Pro San Luis Ecológico recordó que las condiciones en que opera la extracción de minerales de oro y plata la MSX la colocan al margen de la ley, por lo que dedujo que sus actuales operaciones son sostenidas ilegalmente por las autoridades públicas.