Más de un centenar de estudiantes potosinos de posgrado: maestrías y doctorados de diversas instituciones de educación superior, locales y nacionales, se manifestaron ayer para respaldar las demandas de los estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Los doctorantes potosinos que realizan estudios en el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma Metropolitana en sus sedes de Xochimilco e Iztapalapa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras subrayaron que la emboscada de Iguala, Guerrero, contra los normalistas, es una muestra fehaciente de la ineficiencia de las instituciones nacionales y de la anormalidad del comportamiento del Estado Mexicano.
Noé Yair López García, Marité Hernández Correa, Alejandro López Meléndez, Monserrat Díaz Rocha, Joaquín Vázquez Pérez, a nombre de más de cien doctoran-tes potosinos urgieron el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala entre los días 26 y 27 de septiembre, en los que se registró el asesinato a mansalva de tres estudiantes y tres ciudadanos, entre ellos una mujer; la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos y que la PGR pretende dar como incinerados y triturados a manos de un grupo de sicarios (Guerreros Unidos), luego de que les fueran entregados por las policías municipales de Iguala y Cocula. Calificaron los hechos como “el peor crimen de Estado de los últimos tiempos” y aseguraron que la defenestración del ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, y la aprehensión del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, así como la detención de casi un centenar de agentes policíacos e integrantes de la banda de Guerreros Unidos, son acciones insuficientes.
Aseguraron que para evitar estos actos definidos como crímenes de lesa humanidad, se precisa que el Estado y la Sociedad reclasifiquen los delitos de desaparición forzada y de les a humanidad, garanticen a plenitud la administración y aplicación de la justicia pronta y expedita y que las actuaciones del Estado se apeguen irrestric-tamente a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Marité Hernández Correa, interrogada sobre la violencia que llevó a incendiar las puertas del Palacio Nacional, observó que en el marco de las manifestaciones registradas para demandar la presentación de los estudiantes desaparecidos en Iguala, la violencia no ha sido una característica, aunque reconoció que se han dado, en este sentido manifestaciones extremas como las registradas en Chilpancingo y la que se presentó la noche del sábado en el Palacio Nacional.
La violencia –apuntó Noé Yair López García—, provino en sus orígenes de las instituciones del Estado; la reacción de la sociedad ante la simulación de las investigaciones y la búsqueda, la manera en que se ha buscado una salida a la presión nacional e internacional, presentando un informe que indica que las cenizas y los huesos calcinados podrían pertenecer a los estudiantes secuestrados por las propias corporaciones de seguridad del Estado, generan desconfianza, rabia, impotencia, indignación como la que se observa en todos los rincones del país y en diversos países del mundo.
