Con la voz quebrada por el llanto contenido, que dio paso a lágrimas de dolor, de impotencia, de frustración entremezcladas con la esperanza de recuperar con vida a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, desaparecidos a manos de la Policía de Iguala el 26 de septiembre, dos padres de familia, un estudiante y dos maestros describieron las escenas de horror como un crimen de Estado.
En conferencia de prensa, en la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el normalista Omar Pérez Sánchez aseguró que el atentado fue planeado por el Estado Mexicano para instaurar el terror, para intimidar la resistencia de los estudiantes procedentes de familias pobres, campesinas e indígenas a las reformas estructurales, a la reforma educativa que buscan acabar con la educación pública.
Pérez Sánchez dio testimonio de la violencia cuando sin mediar motivo, la policía uniformada atacó los autobuses utilizados por los estudiantes para trasladarse desde Ayotzinapa a Iguala, con la finalidad de realizar una acción de boteo para sostenerse, ya que los recursos asignados para la manutención de los mismos equivale a 40 pesos diarios, los que resultan del todo insuficientes.
El normalista describió una emboscada conformada con agentes policíacos uniformados de Iguala y Cocula, policías ministeriales y un grupo de civiles armados, quienes procedieron a bloquear las vialidades atravesando al paso del autobús en el que retornaban los estudiantes a la normal en Ayotzinapa.
Rafael López Catarino, padre de familia de uno de los 43 estudiantes desaparecidos por la policía de Iguala, denunció que el presidente Enrique Peña Nieto, al entrevistarse con ellos en Los Pinos, les ofreció la cantidad de 100 mil pesos a cambio de su silencio, para que cesaran la búsqueda de sus hijos y sus reclamos.
Con lágrimas de impotencia y de rabia, Rafael se negó a abandonar la esperanza de encontrar a su hijo y a los 42 estudiantes restantes con vida. El gobierno –dijo—, se los llevó y sabe dónde están. El gobierno sabe, manifestaron Omar Pérez Sánchez, Rafael López, Damián Emeterio Moro (un padre de familia de origen mixteco y que apenas habla español) el profesor Carlos Rivera Acuña, egresado de Ayotzinapa y quien da clases en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, el gobierno sabe donde están los estudiantes desaparecidos y sólo simula su búsqueda.
Millares de estudiantes universitarios, maestros, luchadores sociales, sindicalistas y padres de familia se congregaron en torno a los normalistas de Ayotzinapa, a quienes acompañaron en una marcha multitudinaria a la Plaza de Armas y que culminó con un mitin frente al Palacio de Gobierno.
Insistieron en que se trata de un atentado orquestado desde el Estado, consideraron que el Estado Mexicano conoce con exactitud dónde están los estudiantes desaparecidos y exigieron su presentación inmediata y con vida.
Rafael López Catarino, padre de uno de los normalistas desaparecidos dijo que para él, todos son sus hijos y que no cesará la búsqueda; denunció que el gobierno federal les ofreció a los padres un helicóptero para simular la búsqueda de los norma-listas, “pero bien saben que nos llevaban a otra parte, donde ellos no estaban; sólo estaban ganando tiempo, para esconderlos, para ocultarlos”. Se ofrecieron testimonios desgarradores del tiroteo, se describieron escenas macabras de rostros descarnados a tiros, de ojos arrancados de las cuencas, de cerebros destrozados por las balas… López Catarino no pudo contener su enojo y, exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos se declaró “encabronado con el pinche gobierno”.
La consigna que se alzó fue “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Los normalistas convocaron a la unidad nacional y se preguntaron ¿Quién sigue, qué escuela sigue? ¿San Luis Potosí?
Omar Pérez, el normalista, se preguntó si el presidente Peña Nieto podría cambiar la vida de su hija a cambio de 100 mil pesos. Instó a la comunidad nacional a la unidad para resarcir el Estado de Derecho, para sacar al país de la dinámica del terror que impone la delincuencia organizada que se ha apoderado de las instituciones públicas, del gobierno de Guerrero, del país y de muchos estados de la República.
Rafael López dijo no avergonzarse por llorar, porque sus lagrimas brotaban desde el fondo de su alma, que no le avergonzaban sus zapatos viejos y rotos, porque estos fueron un regalo de su hijo, quien ahora, a 40 días de los hechos, se encuentra en calidad de desaparecido.
