El 29 de junio de 2011, el Congreso del Estado de Guerrero procedió a la aprobación, mediante el decreto 932, de la creación de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años Sesenta y Setentas (sic) en el Estado de Guerrero.
Los legisladores guerrerenses designaron como su presidente al ex rector de la Universidad de Guerrero, José Enrique González Ruiz, quien se desempeñara como tal durante el período gubernamental de Rubén Figueroa, considerado por los guerrerenses como impulsor de la denominada guerra sucia.
Entre los considerandos de la ley que crea la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero propuesta al pleno por el diputado Faustino Soto Ramos, se destaca la necesidad de ahondar en ese período con la finalidad de esclarecer los hechos que causaron agravio a los guerrerenses.
Soto propuso como sus integrantes a los ex rectores Nicomedes Fuentes García, Arquimedes Morales Carranza y José Enrique González Ruiz, así como a las abogadas María del Pilar Noriega García y Carmen Herrera García.
Se otorgó a los comisionados las siguientes facultades: recabar y recibir información de datos relacionados con víctimas de delitos de violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad durante los años de 1969 a 1979 en la denominada guerra sucia.
Los comisionados fueron autorizados para recibir denuncias y pruebas para conocer la verdad de los hechos, rescatar la memoria histórica de los movimientos políticos y sociales del estado, averiguar el destino o paradero de las personas víctimas de desaparición forzada, denunciar ante las autoridades a los victimarios, recomendar medidas de reparación o resarcimiento, proponer un mecanismo compensatorio integral, conformar el registro de víctimas de la guerra sucia e informar a la representación ciudadana del Congreso del Estado de Guerrero.
Esto fue lo que ocurrió el 15 de octubre pasado, a partir del plan operativo militar autorizado por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, mismo que respondió al instructivo de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos y que, sencillamente se enfocaba al exterminio de los grupos de oposición ideológica al gobierno que se habían levantado en armas en el estado de Guerrero: el Plan Telaraña que aplicó en las regiones de la Costa Grande y Costa Chica, donde se aplicó sistemáticamente.
La Comisión conoció un poco más de un millar de testimonios relacionados con personas que fueron objeto de la privación ilegal de su libertad, entre los que destaca un personaje de nombre Lucio Cabañas Tavares, hijo de Lucio Cabañas Barrientos, quien fuera víctima de una ejecución extrajudicial, al igual que Genaro Vázquez Rojas, ambos egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a manos de un grupo de sicarios autodenominado “Sangre”, destacó González Ruiz.
El informe final de la Comisión de la Verdad obra en poder del Congreso del Estado de Guerrero y consta de 234 páginas, en las que se incluye un listado de personas ejecutadas extrajudicialmente, privadas ilegalmente de su libertad y torturadas, así como de aquellas que perdieron la vida; una relación amplia de los testimonios recabados; donde se da cuenta de las exhumaciones realizadas y los dictámenes de los peritos Inés Vázquez Díaz, David Velasco Calderón y Sergio Rivera Cruz, de la UNAM y de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.; cuenta con un registro de personas y comunidades afectadas.
Se conocieron 632 casos de desaparición forzada, 25 casos de ejecución sumaria y se presentaron datos precisos de los testimonios recabados sobre desaparecidos en el período de la guerra sucia.
La documentación se encuentra en manos de la Legislatura Local de Guerrero y puede ser consultada en diferentes formatos en la dirección electrónica del Poder Legislativo de Guerrero. Existe un sitio digital en donde pueden obtenerse los resultados de las investigaciones de esta Comisión de la Verdad, en la siguiente ruta: http://comverdadguerrero.org.mx/index.php/