Hugo Eric Flores Cervantes recibió un correo del gerente del hotel Casa Velas: “Amablemente le recuerdo que debe liquidar los consumos efectuados por un importe de siete mil 119.58 pesos por servicios de dos masajes con aromaterapia, un collar, un brazalete, inspiración perla y un facial para hombre.
Era el 1 de junio de 2007 y estaba a 10 días de ser separado de su cargo como oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por presuntas irregularidades.
De acuerdo con el expediente 35/2007 de la SFP, tras una auditoría, se detectó un posible daño patrimonial por el presunto desvío de recursos que motivó una inhabilitación de 12 años contra él y contra Alberto Mireles Rosas, su chofer.
En la misma fecha le abrieron el expediente 34/2007 por presunto daño patrimonial, por haber cobrado facturas de consumo por más de 47 mil pesos en sólo dos meses. Además, el Órgano Interno de Control (OIC) lo acusó de aumentar el presupuesto en este rubro para su oficina.
Hoy, Flores Cervantes es presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), uno de los tres nuevos partidos políticos con registro nacional, que recibe alrededor de 800 mil pesos mensuales, más apoyo para operación como secretarias y oficinas o telefonía.
Ante la información obtenida por este diario vía transparencia, se solicitó entrevista con Eric Flores Cervantes pero no hubo respuesta.
Spa en Puerto Vallarta
En el primer caso, el ex oficial mayor de la Semarnat acudió junto con Alberto Mireles Rosas al cuarto Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de esa dependencia, en Puerto Vallarta, Jalisco del 22 al 25 de mayo.
En el fallo influyó que Flores Cervantes era considerado un funcionario reincidente por tener una inhabilitación de 10 años para desempeñarse como servidor público y otra más con una sanción económica por dos millones 145 mil pesos. En este caso, fue multado con 10 mil pesos.
“La experiencia SPA más exclusiva de México”. Con esta frase, el hotel Casa Velas sintetiza en su página de internet la calidad de los servicios que ofrece y que lo convierten “en un santuario de relajación y bienestar que ofrece rituales exclusivos inspirados en las tradiciones milenarias de diversas culturas alrededor del mundo, y tratamientos de autor con esencias y extractos naturales cosechados en nuestro jardín botánico”.
Actualmente, el tratamiento facial para caballeros que requirió Flores tiene un costo de 125 dólares por 50 minutos o bien, 145 dólares por 80 minutos.
Él lo negó y dijo que solamente se hospedó en ese lugar, cuya tarifa es de dos mil 508 pesos por persona en habilitación doble, aunque la cifra puede llegar a los 15 mil pesos de acuerdo a la comodidad y lujo de la suite.
El costo incluye 30 dólares de crédito en el SPA, golf ilimitado en los campos de Marina Vallarta o Vista Vallarta, 10% de descuento en boutique, internet inalámbrico, tour incluido (la ciudad, compras, cultural y tequila) y una cena en Grand Velas Riviera Nayarit para dos personas.
El OIC determinó que en la justificación de viáticos, ambos servidores públicos presentaron facturas con el cambio de concepto a “renta de habitación”, lo que a su consideración nunca ocurrió.
“Existen elementos para acreditar irregularidades administrativas por parte de los servidores públicos señalados, así como documentación extraída del equipo de cómputo a cargo del ex oficial mayor remitidos por el gerente del hotel, debidamente autentificados”, subrayó la autoridad de fiscalización.
En el expediente se estableció que los dos servidores públicos “hicieron uso indebido de su cargo utilizando recursos para beneficio personal, corrompieron a empleados del hotel para justificar la comprobación sobre servicios no utilizados, desempeñaron su cargo con la pretensión de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que otorga el Estado”, destacó el OIC.
En el breve tiempo que estuvo como oficial mayor en Semarnat, Flores Cervantes tenía un salario promedio de 140 mil pesos mensuales. Lo que ocurrió en Puerto Vallarta fue calificado por la autoridad fiscalizadora como actos en contra de la “política de austeridad, faltando el principio de honradez”.
Sin embargo, dichas acusaciones, a pesar de estar documentadas, se realizaron sin respetar procedimientos y tiempos legales: ausencia de notificaciones con copias de los escritos y aplicación de sanciones sin considerar los plazos legales para solventar los señalamientos, argumentos que usó el dirigente de Encuentro Social en su defensa. “Nadie me requirió la devolución”, afirmó, como lo hizo con expedientes anteriores.
Flores Cervantes atribuyó el error en las facturas a un empleado del hotel que desempeña otras funciones, por lo que la entonces directora de Vinculación Sectorial de la Oficialía Mayor solicitó la reposición de manera directa al hotel, con lo que se desvinculó del hecho, además de que él y su chofer presentaron facturas por separado.
Señaló también como responsables a los trabajadores de la cadena hotelera por no cargar a su cuenta un cheque de consumos, lo que motivó que fuera contactado en el número telefónico que dio al momento de su registro, dato que a su consideración ratificó que pernoctó en el mismo.
El 28 de mayo de 2013, la SFP informó por separado que “se dejó insubsistente la resolución administrativa en contra de Flores Cervantes” cuatro meses después. Ocurrió lo mismo con su chofer, aunque el expediente no documenta la ruta legal para echar abajo ambas resoluciones.
Comidas de más de tres mil pesos
Quince días después de ser designado oficial mayor de la Semarnat, Flores Cervantes pagó comidas en el restaurante El Castillo de Tlalpan: la primera el 17 de diciembre de 2006 con un consumo de tres mil 155 pesos, al día siguiente facturó mil 315 pesos, ambos con cargo al erario por “actividades extraordinarias”.
En el sexenio de Felipe Calderón se redujo la partida “Gastos para la alimentación de servidores públicos de mando de 100 mil pesos a seis mil 138 pesos.
Según el expediente, cuando se acabó dicha cantidad, Flores Cervantes modificó la partida 2206 de su presupuesto autorizado de 30 mil pesos a más de 115 mil pesos para solventar los gastos de alimentación de su oficina, con lo que provocó un daño patrimonial de 47 mil 255 pesos.
El órgano de fiscalización concluyó que dichas comidas no eran indispensables para el desempeño de sus funciones, ya que si eran para tratar asuntos de trabajo, pudieron llevarse a cabo en sus oficinas.
“Abusó de su empleo, violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (…), además omitió rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que le fueron conferidas con el objeto de justificar las autorizaciones del gasto por concepto de alimentación”, indicó el OIC.
En su defensa, Hugo Eric Flores Cervantes recurrió al “machote” de los procedimientos similares en su contra: señaló que la primera notificación no iba acompañada de copias, invocó a la Constitución y una vez más argumentó que tenía hasta el octubre de eso año para solventar las supuestas irregularidades.
“Las supuestas conductas que se me atribuyen resultan fuera de toda lógica jurídica e inexistentes”, respondió. Además, atribuyó como facultad exclusiva del director general de Programación y Presupuesto de la Semarnat las modificaciones y adecuaciones a los recursos, aunque también puede llevarlo a cabo el oficial mayor cuando no correspondan a los ramos generales.
Flores expuso que las acusaciones “carecían de sustento real y legal con la consecuencia directa e inmediata de afectar mi esfera jurídica que implican la transgresión de mis garantías individuales”.
La precipitación y lagunas legales, repetidos errores de fiscalizadores en expedientes anteriores del mismo acusado, propiciaron que la SFP concluyera que las acusaciones carecían de eficacia jurídica, ya que ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de administrativamente responsable de las conductas irregulares que se le imputan, como lo dicta la Constitución”.
Flores Cervantes fue exonerado sin considerar sus alegatos de defensa para determinar si era o no responsable.