Dos controversias contra actos de la delegación agraria en San Luis y la mesa directiva de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, evidenciaron la connivencia entre los representantes comunales, las autoridades agrarias potosinas y los fraccionadores urbanos que codician y acechan la superficie de 14 mil 960 hectáreas de la dotación presidencial de 1950.
Los comuneros Eduardo Llanas, Cipriano y Alberto de la Rosa, Ricardo Estrada, entre otros, interpusieron un recurso de controversia para anular acciones ejecutadas por la directiva, contrarias a la legislación agraria vigente; y, autorizadas y validadas por la Procuraduría Agraria.
El expediente 997/2014 cuestiona el contrato ilegal e inconsulto con las inmobiliarias “comunales” que, de acuerdo con los asesores legales de los inconformes, in cumple con los requisitos de ley.
Dicho contrato fue signado con el regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra, quien asentó como su domicilio el número 355 Oriente de la calle Río Colorado, en la colonia del Valle, de Monterrey, Nuevo León.
Asimismo, se interpuso un recurso contra la legalidad de las actuaciones de la Asamblea Comunal encabezada por Margarito Jasso Menchaca, Angélica Castillo García y Alejandro Jasso Ávalos, por la presunta violación del reglamento comunal para convocar la asamblea proyectada a realizarse el pasado 31 de octubre, demandando su nulidad de pleno derecho.
Los quejosos manifestaron que un grupo de empresarios inmobiliarios, presuntamente encabezados por el constructor Carlos (El Chato) López Medina, en connivencia con los integrantes de la mesa comunal, encabezada por Margarito Jasso, aportaron recursos para la constitución de cinco sociedades de crédito rural, con el argumento de impulsar proyectos productivos entre los integrantes de la comunidad, a través de empréstitos.
Tales sociedades se constituyeron al margen de los requisitos legales y quedaron en manos de un grupo que en la comunidad es históricamente identificado como de “Los Juanes Perreros”, fundado por Juan Fidel Cruz Campos, el mismo grupo que desde los años 80 alentaba invasiones de la propiedad comunal, como una aportación a los ciudadanos que apoyaran al PRI; posteriormente se dedicaron a promover estas mismas acciones, en beneficio propio, simulando ser propietarios de la extensión comunal, fraccionando y ofreciendo lotes en venta.
Hacia los años 90, un grupo de empresarios inmobiliarios ofreció a la comunidad la adquisición total o parcial de las 14 mil 960 hectáreas, para iniciar –se dijo entonces–, un proyecto de construcción de hoteles y centros comerciales, así como de espacios para la recreación de la clase económicamente alta, entre ellos varios campos de golf y un exclusivo conjunto residencial a las faldas del Cerro de San Miguelito.
Del conjunto de sociedades de crédito constituidas con recursos de este grupo, se generó, entre activos y pasivos, una deuda de 80 millones de pesos; los constructores, trasladaron la deuda personal de los solicitantes a la comunidad, presionando a la mesa directiva para la cesión voluntaria de poco más de 4 mil hectáreas; de eso trataría la sesión plenaria, avalada por la delegación agraria de San Luis Potosí programada para realizarse el pasado 31 de octubre.