Luego de sostener varias reuniones con el presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, Dr. Manuel Hallivis Pelayo, el senador Teófilo Torres Corzo, logró concretar una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el Estado de San Luis Potosí.
Por cuestión de ubicación geográfica, esta Sala hará más accesible la justicia fiscal y administrativa a favor de los potosinos, pues ya no tendrán que generar costos de traslados, se eliminan los riesgos de seguridad personal y en general todo lo que conlleva el trasladarse a otra Ciudad para realizar trámites de todos los asuntos en materia fiscal federal.
El contar con una sala del tribunal fiscal traerá como consecuencia que se ayude al progreso y desarrollo de San Luis Potosí, ya que es un hecho que beneficia a las empresas y contribuyentes y facilita a estos últimos su defensa, ya que actualmente todos los trámites se realizan en la Sala Regional de Querétaro.
Adicionalmente la operación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, permitirá capacitación y especialización en materia fiscal y administrativa, a estudiantes y litigantes del derecho fiscal.
Principalmente esta Sala ayudará a empresarios y contribuyentes a promover sus juicios e informidades en la Capital.
El senador Torres Corzo recordó que actualmente el no contar con una Sala en el Estado de San Luis Potosí retarda los procesos, pues al seguirse la presentación de las promociones por correo registrado, implica que los acuerdos y notificaciones sean conocidos con días de retraso, y las promociones sean recibidas de manera diferida por la Sala Regional y por tanto, que se retrase la impartición de justicia.
Cabe destacar que la instalación en San Luis Potosí de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un hecho que se verá concretado en el transcurso de las próximas semanas.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala conoce de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, sobre todo cuando se determina la existencia de una obligación fiscal.
