La designación de Salvador Rogelio Ortega Martínez, quien se desempeñó como Secretario General de la Universidad de Guerrero, como gobernador interino, constituyó un acierto de la legislatura de aquel estado, consideró el ex rector de la Universidad de Guerrero y actual presidente de la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia en las décadas de los años 60 y 70 en aquella entidad, José Enrique González Ruiz,
El catedrático e investigador universitario de la UNAM y activista social consideró que la nominación del académico contribuirá a relajar la tensión generada tras los atentados de lesa humanidad contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, por parte de las corporaciones policíacas municipales de Iguala y Cocula, así como del sicariato de los Guerreros Unidos, ligado con un grupo del Crimen Organizado.
González Ruiz asentó que en efecto, la violencia criminal surgida desde el Ayuntamiento de Iguala, se equipara con los sucesos de 1968 y que culminaron con un cúmulo de heridos, muertos y desaparecidos entre los estudiantes congregados el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.
Lamentó que a un mes de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, las autoridades estatales y municipales no hayan logrado localizarlos, no obstante el descubrimiento macabro de decenas de fosas clandestinas que realzan la barbarie y envían un claro mensaje de la criminalidad de las instituciones del Estado, la corrupción de los servidores públicos y dan cuenta de la realidad de lo que para muchos había sido un mito mediático: el narcoestado.
José Enrique González Ruiz, quien el pasado 15 de octubre rindiera un informe de las actividades realizadas por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, instituida por el Congreso del Estado, dijo que las indagaciones realizadas por dicha comisión documentaron más de 400, casi 500 casos de tortura, ajusticiamientos extrajudiciales y actos de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada atribuibles al gobierno de Guerrero, la Policía Secreta y el Ejército.
El activista dijo que el conocimiento de los hechos, que pretendieron minimizar los personeros gubernamentales en los medios masivos de comunicación, han dado una fuerte sacudida a la conciencia nacional y han estado teniendo eco cada vez mayor en el exterior del país, al grado de que hay ya pronunciamientos de organismos internacionales como la ONU y la CIDH que demandan el cabal esclarecimiento de los hechos
Celebró que, aunque no haya sido de las primeras, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como institución –ya que los colectivos estudiantiles se sumaron desde el primer momento—se haya pronunciado condenando los hechos lamentables registrados en Iguala, Guerrero.