Los recientes problemas de inseguridad yviolencia en el país pueden intimidar las intenciones de los empresarios por invertir en México, por lo que es necesario que el gobierno federal no subestime los actuales hechos y ataque este fenómeno de manera decidida, coincidieron analistas.
Según varios estudios, la inseguridad en México tiene un costo de entre 0.5% y 1% del producto interno bruto (PIB), es decir, entre casi 90 mil o hasta 180 mil millones de pesos anuales.
“Hay una preocupación si el problema sigue creciendo y sale de control porque puede repercutir en la inversión nacional y extranjera”, dijo el director de análisis y estrategia de Actinver y presidente del Grupo Bursamétrica, Ernesto O’Farrill.
Sin embargo, hay quienes agregan a este cálculo los efectos colaterales del miedo y la violencia que se generan por la inseguridad y que pueden elevar las pérdidas económicas anuales a niveles de entre 8% y hasta 15% del PIB, lo que representa un valor de entre 1.4 y hasta 2.7 billones de pesos.
Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera como costos directos las pérdidas en salud y capital humano, que incluyen la atención médica y sicológica, así como la rehabilitación de las víctimas de los hechos de violencia.
También integra entre los impactos negativos las pérdidas presupuestales y materiales, las cuales derivan de los gastos en seguridad privada y en los hogares, además de la procuración de justicia y justicia penal.
Como costos indirectos, el BID suma a los gastos de inseguridad las pérdidas en la productividad e inversión, las mermas en trabajo y en el consumo, además de transferencias e impacto distributivo de bienes muebles e inmuebles y efectivo producto de la violencia y el delito.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI registró que entre 2005 y 2012 los negocios que cerraron por la inseguridad fueron poco más de 16 mil. La institución no ofrece los datos de 2013 y 2014.
Según el Centro de Análisis en Políticas Públicas México Evalúa, el gasto público en seguridad ha sido uno de los que más han crecido en el país en los últimos años, sin que haya resultados evidentes del impacto de los recursos en seguridad y justicia penal.
Un estudio de la firma FTI Consulting reveló que los empresarios y gerentes de negocios en México tienen una percepción alta de inseguridad pública y que esta impacta en las operaciones de sus unidades económicas.
Según un análisis, 57% de los empresarios habría sido afectado en una u otra medida en sus operaciones por el clima de inseguridad (en ese sentido se manifestaron 51% de las firmas en la zona metropolitana de la Ciudad de México y 43% en Monterrey).
“Como consecuencia de esta mala percepción y realidad sobre la inseguridad pública que enfrentan las empresas, a nivel nacional un porcentaje significativo de ellas ha tenido planes de, en alguna medida, disminuir operaciones o incluso cerrar sus actividades en alguna área o ciudad donde operen en México”, detalló el director gerente de FTI Consulting, Sergio Díaz.
La más reciente Encuesta de expectativas del Banco de México reveló que para 24% de los 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que se entrevistó la inseguridad es el principal factor que puede limitar el crecimiento económico del país.
Este es el nivel más alto de los últimos tres años, lo que indica el temor y la incidencia que han tenido los recientes problemas de violencia en algunas entidades del país.
No subestimen impacto. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, reconoció que cualquier percepción negativa sobre México por la inseguridad es una preocupación en términos de atracción de inversiones.
El funcionario calificó como inaceptables y condenables los recientes hechos de Iguala, Guerrero, y afirmó que el gobierno actuará para evitar la percepción negativa del país.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, comentó que el problema no desincentivará las inversiones en el país ni tampoco será un obstáculo para la implementación de las reformas estructurales.
“No estoy de acuerdo con las declaraciones de las fuentes oficiales de que el problema de la inseguridad no tendrá un impacto en la economía y que está todo controlado. Basta ver los niveles de confianza e imagen, así como el riesgo país de México, el cual no ha disminuido y, al contrario, se ha agravado con los recientes hechos”, dijo la directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, María F. Fonseca.
La experta criticó que la inseguridad no se ha atacado decididamente y que hoy varios inversionistas no están dispuestos a arriesgas sus capitales tras noticias como la de los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero.
“El costo de entre 0.5% y 1% del PIB que tiene la inseguridad es considerable sobre todo si pensamos que esto se ha dado en años en que no ha habido un gran crecimiento económico. Este es un verdadero obstáculo para la expansión de la productividad”, dijo.
El Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) reconoció en un análisis que si el gobierno sigue desestimando la gravedad de tener un Estado de derecho endeble y en deterioro como si nada estuviera ocurriendo podría tener fuertes impactos sobre las expectativas de crecimiento de las reformas e incluso en las aspiraciones electorales del partido en el poder.
“La inseguridad rampante lo está carcomiendo todo. Con un mercado interno incipiente y costos de operación que se reducen en Estados Unidos mientras que aumenta el riesgo de invertir en México, ¿qué tiene el país para ofrecer certidumbre?
“Ojalá Hacienda tenga una buena respuesta a la interrogante que presenta el impacto de la narcopolítica en la inversión extranjera, si no quiere que el ‘momento mexicano’ se convierta en el ‘engaño mexicano’”, detalló.
El director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, dijo que es probable que miles de empresas se lo piensen para traer inversiones si se ven intimidades por la visión que hay actualmente de México.
“La realidad está construida de hechos y percepciones, pero en la economía las percepciones tienen consecuencias porque determinan lo que los inversionistas consideran riesgoso.
“El nivel de riesgo en el país se termina por reflejar en altas tasas de interés u otra serie de indicadores que elevan los costos”, abundó.
Guy Ben-Nun, especialista en temas de seguridad, dijo que las empresas realizan ostentosas inversiones en tecnología y servicios de seguridad para protegerse de la delincuencia organizada, aunque pocas veces resuelven el problema debido a una falta de estrategia adecuada “creando un mayor desgaste, confusión y disgusto con el gasto realizado.
“En una inversión tan esencial, que va de 10% a 40% de los ingresos de una industria, el esquema de la seguridad debería apoyar y beneficiar el negocio, pese a que inicialmente se haya originado por una situación forzosa.
“Es tiempo de que la industria mexicana empiece a superar el modelo de sobrevivencia, la falsa idea de que invertir en seguridad significa solamente prevenir pérdidas y demostrar su atención sobre el tema o que en la adquisición de equipo y servicios de seguridad se pueden usar los mismos criterios que en la compra de maquinaria y servicios de mantenimiento”, dijo.
La mala imagen. La violencia e inseguridad en el país han opacado el optimismo que había tras los acuerdos políticos que llevaron a las reformas de sectores económicos como el energético y el de telecomunicaciones.
Carlos Ponce, director de análisis bursátil de Banco Ve por Más, dijo que estos lamentables eventos tuvieron una difusión internacional profunda que generaron expresiones de duda y de potencial afectación a temas fundamentales, con la posibilidad de un impacto negativo en los mercados.
“El caso de Iguala propició que diputados del Parlamento Europeo pidan que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, negociado actualmente, se suspenda hasta que se logre reconstruir la confianza en las autoridades mexicanas en lo que a derechos humanos respecta.
“Otros países como EU han emitido comunicados de alerta para que ciudadanos de ese país eviten visitar las zonas”, dijo el especialista.
La directora general del Observatorio México ¿Cómo Vamos?, Viridiana Ríos, dijo que México no crecerá más porque no se ha logrado instituir un Estado de derecho en el país.
“La siguiente generación de reformas en el país son las de mejorar el Estado de derecho y la impartición de justicia porque son una barrera para crecer a todo el potencial que tiene la nación”, explicó.
Mencionó que los empresarios tienen que estar asegurados contra el crimen organizado y evitar altos costos de la seguridad privada, lo que en muchos casos desincentiva los negocios.
Añadió que en México alrededor de 43% de las empresas instaladas en el país pagan por servicios de seguridad privada y deben destinar hasta 2% de sus ventas para ese gasto.
Además de un verdadero Estado de derecho, Viridiana Ríos dijo que es necesaria mayor certeza jurídica para que los empresarios sepan que hay garantías para sus negocios.
Reconoció que también es importante generar una mayor capacidad de igualdad entre los empresarios para que haya una competencia más equilibrada y eliminar las prerrogativas de aquellos que por ser más ricos tienen más privilegios ante la justicia.
Finalmente, dijo que es importante atacar el problema de corrupción, ya que esto genera altos costos y es peligroso para los capitales.