La Iglesia Católica potosina alertó que los movimientos de indignación de los sectores estudiantil y social, por el ataque letal del 26 de septiembre contra estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, no pueden ser desatendidos por las instituciones gubernamentales que reclaman la acción de la justicia, pronta, expedita e imparcial.
Juan Jesús Priego Rivera, portavoz de la arquidiócesis de San Luis Potosí, reclamó de las autoridades públicas el respeto irrestricto al derecho de la libre expresión que asiste a los grupos y sectores de la sociedad que manifiestan con marchas, concentraciones y mítines su repudio a la violencia ejercida contra los normalistas.
Dijo que la libre expresión, organización y movilización integran derechos fundamentales inalienables y universales.
–Creo yo –dijo–, que estas marchas son un llamado a nuestras autoridades a esclarecer los hechos y a abocarse más a la seguridad que reclama el país.
Indicó que es una postura de la Iglesia, que en este caso acompaña a este reclamo nacional, el demandar que no se oculte la información, que se nos diga qué aconteció y por qué. “Si existe un Pacto por México… sería bueno que las autoridades escucharan y atendieran la demanda de justicia, investigaran, profundizaran y esclarecieran los hechos”. La Iglesia exteriorizó su deseo que de “México sea un país habitable, un país en el que podamos salir a la calle con confianza, con seguridad, sin temor”.
Aseguró que el presidente Peña Nieto se ha comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables.
Llamó a consolidar el que “el pueblo mexicano pueda gozar el derecho a salir a la calle con certidumbre”. Pidió a las autoridades no descuidar las prioridades sociales como se advierte en el afán de los legisladores por enfocar sus baterías en una denominada ley de derechos sexuales de los niños y los adolescentes; una legislación con la que, por cierto no puede estar de acuerdo la Iglesia Católica –dijo.
Insistió en la necesidad de que los gobernantes sean más sensibles a las demandas de la sociedad y ajusten sus actos, en todo momento a los principios del derecho y de la justicia, que se aboquen a proveer de certidumbre legal, de tranquilidad y paz social a la comunidad, para entonces avanzar juntos hacia el fortalecimiento del país.
Jorge Fernando Canseco